El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reconocido la legalidad de la comisión de coordinación de concejales delegados creada por la alcaldía de Albal, una iniciativa singular para mejorar la acción de gobierno, que el PP pretendía anular mediante un contencioso que presentó contra el Reglamento de Organización Municipal.
La sentencia del TSJ, según la sentencia, ha rechazado las reclamaciones del Partido Popular afirmando que “no ponen de manifiesto que el reglamento impugnado responda a un ejercicio ilegal de la potestad reglamentaria ni que, por ello, incurra en el vicio de desviación de poder”.
Sin perjuicio de lo cual el Tribunal ha recomendado la modificación de algunos artículos del reglamento en lo que se refiere a la comisión de coordinación municipal, a fin de mejorar su redacción y resolver aspectos meramente formales, “sin que ello comporte la nulidad de sus actuaciones”.
El alcalde, Ramón Marí, ha señalado que esta comisión de concejales delegados “fue configurada como un órgano de coordinación de políticas sectoriales y apoyo a los órganos de gobierno municipales”, y ha resaltado que “esta fórmula se ha acreditado estos años como un eficaz instrumento de mejora de la gestión municipal a cuya eficacia ha contribuido, tal como acreditan las numerosas inversiones realizadas en los últimos ejercicios y los buenos resultados económicos”.
A este respecto, el alcalde ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial y ha declarado que “esta sentencia viene a avalar el trabajo realizado por el equipo de gobierno, tanto en lo que se refiere a las medidas de mejora introducidas en la organización municipal, como en lo que respecta al incremento de la eficacia resultante de una adecuada coordinación de las políticas sectoriales desarrolladas”.
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