La Generalitat ha iniciado el procedimiento de aprobación de la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), con la presentación de las conclusiones vinculadas a la zona más afectada por la DANA de octubre de 2024, que aumentará en más de un 60 % el riesgo en las zonas inundables respecto a la anterior cartografía.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado los resultados de esta primera fase ante medio centenar de alcaldes y representantes de municipios afectados por las inundaciones y de otras localidades expuestas a este riesgo.
A la presentación han asistido el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, la secretaria autonómica de Medioambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo, y el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, así como Félix Francés, responsable del Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental de la Universitat Politècnica de València (UPV) y uno de los principales encargados de la revisión junto con técnicos de la Generalitat.
Como ha adelantado el vicepresidente, tras la presentación, el procedimiento marca que tendrá lugar el anuncio de la revisión del plan que publicará el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) mañana viernes, 16 de octubre, y se abrirá el plazo de información pública. En paralelo, se notificará a los municipios afectados y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que ya ha participado en el proceso. Tras estos plazos establecidos, se dictará la resolución de aprobación.
En su intervención, Martínez Mus ha explicado que la DANA “evidenció que la realidad de la inundación superó los escenarios que reflejaban nuestras cartografías de riesgo” y ha confirmado que el estudio evidencia que episodios así ocurren una vez cada 1.000-2.000 años. “Pero lo improbable no significa imposible y la planificación territorial debe estar preparada también para esos escenarios”, ha incidido el vicepresidente. Por ello, ha señalado que era necesario revisar las hipótesis, actualizar los datos y mejorar las herramientas de análisis para orientar las decisiones.
Niveles de peligrosidad y medidas
Con el objetivo de conocer mejor el riesgo, los estudios se han centrado en cuatro ámbitos especialmente afectados por las inundaciones de 2024: el Alto Magro, el Bajo Magro, los barrancos de l’Horta Sud y el Bajo Turia, aguas abajo del embalse de Loriguilla. Los trabajos de detalle abarcan 51 municipios, mientras que los 85 incluidos en la relación facilitada por la Generalitat han sido objeto de algún tipo de análisis.
El estudio combina análisis de precipitaciones extremas, caudales, modelización hidráulica, características del territorio y planeamiento urbanístico, además de evaluar posibles actuaciones hidráulicas y de restauración hidrológico-forestal. En el interior también aumenta la peligrosidad, aunque de forma más moderada.
La nueva cartografía contempla escenarios con periodos de retorno de 25, 100, 500 y 2.000 años y establece siete niveles de peligrosidad y en función de estos se marcan las restricciones. Para mejorar la representación de los episodios extremos, el equipo de la UPV ha analizado 11.720 datos de 1.090 pluviómetros.
El vicepresidente tercero ha señalado que los estudios realizados “confirman la necesidad de intervenir en las cuencas de manera integral, combinando infraestructuras hidráulicas como las obras de encauzamiento que corresponden al Gobierno, restauración hidrológico-forestal y soluciones basadas en la naturaleza”, y ha asegurado que “parte de estas últimas actuaciones ya las ha asumido la Generalitat” con los futuros parques inundables y la limpieza de cañas.
Tal y como se ha explicado en la presentación, los resultados evidencian que la integración del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico municipal “sigue siendo parcial y desigual”. También se ha explicado que de los 74 municipios evaluados solo 12 habían adaptado su Plan General Estructural y en 31 la gestión del riesgo se aborda en fases avanzadas del desarrollo urbanístico, cuando muchas decisiones territoriales ya están tomadas”.
Por este motivo, el vicepresidente ve necesario “avanzar hacia criterios más homogéneos e incorporar la prevención desde el principio”. La revisión del PATRICOVA plantea impulsar una estrategia integral de adaptación y resiliencia, con medidas como adaptar las edificaciones a las cotas de inundación, incorporar zonas de laminación e infraestructuras verdes, estudiar la relocalización de usos vulnerables en situaciones críticas y mejorar las condiciones de evacuación y autoprotección.
Asimismo, ha habido consenso entre los expertos sobre prestar especial atención a las zonas afectadas por la DANA de 2024 y aplicar el principio de cautela cuando las nuevas evidencias revelan riesgos que no estaban suficientemente identificados y las nuevas medidas en nuevos planeamientos urbanísticos, como pueden ser la construcción en altura o la prohibición de aparcamientos subterráneos en los casos de peligrosidad media o directamente las prohibiciones en las zonas más expuestas.
Una revisión que se extenderá al conjunto de la Comunitat Valenciana
Los resultados ofrecen a los ayuntamientos una base técnica más precisa para orientar sus decisiones y aportan a la Generalitat nuevos elementos científicos para continuar la revisión normativa. Esta primera fase se ha centrado en los ámbitos donde la DANA puso de manifiesto mayores necesidades de actualización, con la previsión de extender progresivamente el trabajo al conjunto de la Comunitat Valenciana.
Martínez Mus ha agradecido la colaboración de la Universitat Politècnica de València y del Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (IIAMA-UPV), así como de los equipos técnicos y los municipios participantes. “Conocer mejor para decidir mejor; decidir mejor para proteger mejor”, ha concluido el vicepresidente, quien ha defendido que el conocimiento obtenido debe traducirse en actuaciones concretas para reducir el riesgo y hacer los municipios más seguros y resilientes.
