El juez del caso Emarsa ha aceptado la petición del fiscal de ampliar la imputación que ya pesaba sobre Enrique Arnal y Eva María Marsal en esta causa a un nuevo delito, el de alzamiento de bienes, que se instruirá en una pieza separada donde también han sido imputadas dos personas más.
Así consta en un auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en el cual se recuerda el estado de la investigación sobre Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, y Eva María Marsal, ex pareja sentimental de aquel y exadministradora de una empresa de azafatas que fue proveedora de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia considera que "existen motivos bastantes" para considerar que Arnal y Marsal, al conocer el inicio de la investigación sobre el supuesto saqueo de Emarsa, intentaron eludir las consecuencias económicas de su previsible responsabilidad penal en esta causa con toda una serie de operaciones empresariales y financieras.
Entre ellas figurarían transmisión de valores, cambio de titularidad de vehículos y enajenación de bienes inmuebles.
Además, el juez considera a Sara Navarro y a Daniel Rupérez "cooperadores necesarios" en la comisión de ese delito de alzamiento de bienes.
La primera era administradora única de Comunica Con Trendy SL, que según el Ministerio Público no fue sino una continuación del Grupo MAS, la empresa de azafatas que administraba Marsal, y que se creó pocos días después de que esta resultara implicada en el caso Emarsa.
Comunica Con Trendy ha desarrollado su actividad prácticamente en las mismas sedes y territorios que el Grupo MAS, contando además con muchos de los empleados de este.
El otro nuevo imputado, Daniel Rupérez, es el sucesor de Navarro como administrador de Comunica Con Trendy pero según recuerda la fiscalía, fue "el técnico encargado de auxiliar, presuntamente", a Arnal cuando este era director financiero de Emarsa en el manejo de un sistema informático y por lo cual emitió facturas a esta empresa pública por un valor aproximado de 16.760 euros entre 2008 y 2010.
Sin embargo, los datos del libro mayor de cuentas de Emarsa arrojan un saldo final cercano a los 26.300 euros entre esos tres ejercicios en facturas a Rupérez.
El juez instructor acuerda la apertura de una pieza separada (la quinta) para ganar en agilidad en unas diligencias que van ya por el tomo 114 y "bastante más de 128.000 folios", según remarca respectivamente en una providencia y en el auto que acuerda las cuatro imputaciones.
Asimismo, cita a todas las partes personadas en la causa para el próximo viernes a una comparecencia donde se dilucidará si se atiende o no la petición del fiscal de que se le imponga a Eva María Marsal la medida cautelar de libertad provisional con obligación de comparecencia semanal y retirada del pasaporte.
También exige a Daniel Rupérez que aporte al Juzgado todas las facturas emitidas a Emarsa entre 2008 y 2010, así como la acreditación de los servicios que le fueron prestados a la empresa pública, pues la documentación de que dispone el juez "se refiere a ordenadores de la marca Apple y estos parece que no fueron instalados en la planta".
