El Gobierno del Ayuntamiento de Paiporta expresó este viernes su condena al acoso que ha sufrido durante los últimos meses la concejala de Hacienda y Administración General, Beatriz Jiménez, quien ha sido sometida, entre otras prácticas, a una vigilancia a cargo de detectives privados contratados por policías locales que han ejercido en el municipio, y que ahora trabajan en otras localidades, según han informado fuentes municipales en un comunicado.
El equipo de Gobierno considera “intolerable” esta intromisión ilegítima en la vida privada de la concejala, y le expresa toda su solidaridad.
Asimismo, el Gobierno de Paiporta condena de “manera enérgica” la persecución judicial a la cual están sometidas tanto la regidora de Hacienda y Administración General como la propia alcaldesa, Isabel Martín. Esta persecución ha sido iniciada por las personas afectadas por la revisión de oficio de una oposición convocada de manera fraudulenta por el anterior Gobierno local, del Partido Popular.
“Tal como dictaminó el Consejo Jurídico Consultivo (CJC), la oposición estaba llena de irregularidades y se tenía que suspender. Esta revisión motivó la apertura de un proceso judicial por parte de los policías, que ahora han contratado detectives privados para desacreditar personalmente a la concejala”, señalan desde el equipo de Gobierno.
La alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, ha expresado su “solidaridad con la concejala acosada”, al tiempo que manifestó su “profunda preocupación ante estos hechos, puesto que se trata de servidores públicos que tienen que trabajar para garantizar los derechos democráticos de la ciudadanía, y no perseguir a los representantes políticos con prácticas que parecen más propias de la mafia”.
Martín ha añadido que “no se tiene que olvidar que estamos nuevamente ante un acoso a una mujer, con claros tintes intimidatorios al invadir su esfera privada y personal”. Por último, la alcaldesa avanzó que su intención y la del equipo de Gobierno que encabeza es “no desfallecer en el trabajo iniciado en 2015 por la defensa de los intereses de toda la ciudadanía de Paiporta ante los entuertos heredados del gobierno anterior y aquellos a quienes benefició de manera fraudulenta”.
Los tres grupos políticos que conforman el actual equipo de gobierno de Paiporta (Compromís, PSPV-PSOE y Pod-EU) apoyan la acción de la Concejalía de Hacienda y Administración General para revertir un procedimiento que, según el CJC, era nulo, y que está repleto de irregularidades. Al mismo tiempo, quieren remarcar que todo este procedimiento se ha llevado a cabo “siguiendo escrupulosamente las indicaciones de los técnicos y habilitados nacionales del Ayuntamiento de Paiporta, y que los denunciantes pretenden imputar un delito penal por una cuestión administrativa que no tenía ninguna objeción desde el punto de vista técnico”.
Apoyo de la vicepresidenta
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también ha condenado estos hechos y ha trasladado su apoyo a la concejala en la comparecencia ante los medios que ha realizado tras el pleno del Consell para dar cuenta de los asuntos tratados en el mismo.
Oltra ha calificado de “absolutamente rechazable y condenable” el acoso sufrido por la concejala de Paiporta por haber denunciado y anulado una oposición irregular de plazas de agentes. En un comunicado, Compromís ha denunciado la violación de la intimidad de su concejal en Paiporta Beatriz Jiménez por parte de tres agentes, que realizaron “un seguimiento durante muchos días” de la concejala, donde “la fotografiaron e hicieron seguimiento de horarios y actividades, incluso, de su hijo menor de edad”.
“Estas cosas no son tolerables en una democracia avanzada y un estado de derecho”, ha defendido Oltra, y ha destacado que los policías “nos tiene que proteger” y deben ser defensores y garantes de la ley, y por lo tanto, “deben ser absolutamente impecables y sobre todo democráticamente comprometidos”.
La vicepresidenta ha señalado que es difícil vivir en una situación en la que “por cumplir tu deber público, como es denunciar unos hechos que pueden tener indicios de criminalidad”, esta persona tenga que “sufrir las consecuencias de este acoso”, cuando además, esa contratación se echó atrás, entre otras cosas, porque diversos organismos dijeron que era irregular.
También Compromís per Paiporta, EUPV del municipio y el grupo municipal de Pod-EU han emitido comunicados públicos mostrando su rechazo a estos hechos. Compromís ha condenado la “violación de la intimidad” de la concejala con un seguimiento que, creen, tiene “el único objetivo de asustarla, jugando al desgaste psicológico y la amenaza”.
Pod-EU ha señalado: “Nos parece espeluznante que estas prácticas, al más puro estilo mafioso, puedan estar sucediendo en nuestro pueblo y a estas alturas de la historia” por lo que ha instado a todos los grupos políticos con representación en el Consistorio a solidarizarse con la concejala.
