Tras asegurar esta misma mañana que sentía víctima de una “estafa procesal”, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha escuchado en el juzgado de Torrent cómo el demandante, cuya denuncia ha provocado su declaración ante el tribunal por un supuesto delito de prevaricación administrativa, reconocía que podría haber “un punto de represalia” contra el primer edil por el expediente sancionador que inició en su contra cuando era funcionario del Ayuntamiento.
Así lo ha asegurado en un comunicado enviado por el Ayuntamiento. Luján ha declarado hoy en el juzgado después de que este ex alto cargo del Consistorio alertara sobre un posible delito de prevaricación al pagar el Ayuntamiento unas 60.000 euros en facturas a una empresa a la que se adjudicó el servicio como un contrato menor (menos de 18.000 euros). Al parecer, las circunstancias obligaron a alargar la prestación del servicio y por ello se multiplicó el dinero.
Se da la circunstancia de que el demandante fue uno de los dos funcionarios que, con su firma, avalaron esta forma de proceder del Gobierno municipal suscribiendo un informe favorable.
