Tras una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba irregular la modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que el Ayuntamiento de Rocafort realizó en 2004, el equipo de Gobierno encargó al interventor municipal y a un despacho jurídico externo que analizaran la sentencia por si hubiera que devolver el dinero a los contribuyentes. Ambos estudios han concluido que la devolución sería contraria a derecho.
Aunque en un principio y tras un primer análisis por parte de los técnicos de la Corporación y el despacho jurídico parecía desprenderse que el Ayuntamiento debía o podía devolver la subida del 0, 25 en el tipo de gravamen de ese ejercicio, la emisión de dichos informes niega dicha posibilidad.
La intención por parte del equipo de Gobierno era la de devolver dicha cuantía a cada uno de los contribuyente, aunque tras la emisión de dichos informes, “esa devolución no se podrá ejecutar por ser contraria a derecho”, según ha explicado el concejal de Hacienda e Inversiones, Alejandro Llácer.
El responsable de Hacienda cree también que el Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de manera definitiva porque “el Tribunal Supremo afirma en su sentencia que el defecto formal en el que basó toda una serie de recursos el grupo socialista en perjuicio claro del Ayuntamiento, fue intrascendente”.
Por su parte, el alcalde, Sebastián Bosch, cree que “la continua judicialización, por parte del grupo socialista de cualquier expediente administrativo está siendo perjudicial tanto para el Ayuntamiento como para los ciudadanos de este municipio”.
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