La supresión de las instituciones provinciales estaba incluida en los programas electorales de la mayoría de partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones de 2015. Un cuatripartito capitaneado por PSOE y Compromís accedió a la Presidencia de la Diputación de Valencia y, tres años después, sus responsables aseguran que, aun sin abandonar sus pretensiones, “una gestión eficiente y transparente demuestra que las diputaciones pueden ser instrumentos útiles y eficaces para los ayuntamientos”.
Preguntados por su opinión actual sobre la supresión de las diputaciones después de que 3 de cada 4 alcaldes y alcaldesas, según esta encuesta, opinen que no tiene que desaparecer esta institución, tanto Amigó como Rodríguez han reconocido que sus pretensiones electorales chocaron con una realidad política y jurídica muy diferente: la supresión de las diputaciones requeriría un amplio consenso y una reforma constitucional que, según Rodríguez, “es impensable en un país que en el mes de mayo aún no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos”.
Sin posibilidad de llevar a cabo, de momento, sus “deseos”, tanto PSPV como Compromís y sus socios de Gobierno EU y València en comú, trabajan en la línea marcada a principio de legislatura: deshacerse de las competencias impropias y tratar de vaciar responsabilidades colaborando con la Generalitat (“en lugar de competir con ella”, según Amigó) y reforzando a las mancomunidades, dotándolas de más presupuesto y recursos.
Con esta línea de trabajo esperan que algún día, el trabajo que hace la Diputación se pueda llevar a cabo bien por una Conselleria de Administraciones Públicas o bien por unas mancomunidades fuertes y organizadas con capacidad de gestión suficiente para atender las necesidades, sobre todo, de los municipios más pequeños.
El 92 % valora el reparto objetivo de ayudas
Por otra parte, y al respecto de la opinión de los alcaldes sobre la gestión de estos tres años, Rodríguez y Amigó han hecho hincapié en que el 92 % de los ediles cree que la Diputación reparte las ayudas de manera objetiva y no arbitraria. Al principio de la legislatura, en 2015, ese porcentaje era del 43 %. Un cambio de opinión que, ha dicho Rodríguez, va de la mano con que la mayoría de los ayuntamientos y, también, de la ciudadanía, vea ahora la institución provincial con mejores ojos recuperando una imagen de la Diputación muy damnificada después de que presidentes y vicepresidentes acabaran imputados en diferentes procesos judiciales.
El presidente ha repasado la valoración que hacen los alcaldes y alcaldesas de las distintas áreas de gestión que reciben una nota media de 7,83 sobre 10. Entre estos planes y políticas desarrolladas por la corporación destacan el Plan de Inversiones Sostenibles (IFS), que recibe un 9,1 “fruto de esa apuesta por la autonomía municipal a la hora de decidir en qué invertir las ayudas de la Diputació”, y el 8,95 sobre 10 del Fondo de Cooperación Municipal, “con el que hemos cuadrado el círculo de la financiación local que recogía el Estatuto y nunca llegó a ejecutarse”, ha dicho Rodríguez.
Además de estos planes o iniciativas “sobresalientes”, el estudio, realizado por GFK con la opinión de los regidores, da un notable alto a las ayudas sociales de la Diputación, que se han incrementado de forma considerable; los planes de ocupación, “un primero junto a la Generalitat y las otras diputaciones y un segundo enfocado a mejorar las expectativas de jubilación de los mayores de 55 años”; y a las subvenciones en materia de Igualdad que, según apunta el presidente, “se han convertido en eje transversal de las políticas de la Diputación de València”.
