El auto del Juzgado de Instrucción número 4 de València sobresee la causa contra la diputada de Deportes, Isabel García, técnicos de la corporación provincial y el responsable del Champi Women Racing, el ex piloto de motociclismo Manuel Herreros, por un presunto delito de malversación denunciado por la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana.
Además, el auto tiene en cuenta el palmarés de las deportistas que integraban el club y la necesidad del apoyo al deporte femenino, uno de los ejes en la gestión del área que dirige la diputada Isabel García, a la hora de justificar la relevancia del Champi Women Racing como club de élite y, por tanto, considerar legal la subvención.
El fallo judicial ha descartado los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y se expresa en los siguientes términos: “(…) en cuanto al estricto cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, los hechos no traspasan los límites de ilicitopenal, porque los criterios tenidos en cuenta por la Diputación para conceder la subvención no pueden calificarse de arbitrariedad ni de injusticia tan evidente que incurra en delito de prevaricación”.
El fallo también ha explicado que “en cuanto al delito de malversación de caudales públicos (…) la concesión de subvención al club Champi Competición no supuso una desviación de los fines propuestos en la convocatoria, que no era otro que ayudar a clubes deportivos de élite para realizar su temporada desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2016”.
Por todo ello el auto dispone el sobreseimiento provisional de las diligencias solicitadas por la Federación de Motociclismo.
"Me voy con la conciencia tranquila"
Tras conocer la noticia, la aún responsable provincial de Deportes, Isabel García, ha mostrado su satisfacción a escasos días de terminar sus funciones en la corporación provincial al afirmar que “cierro esta etapa con la tranquilidad y satisfacción de haber trabajado con convencimiento en la mejora, crecimiento y proyección del deporte valenciano, ayudando en todo lo posible a clubes, federaciones, deportistas y ayuntamientos”.
Asimismo, García ha lamentado “las graves consecuencias personales y políticas” que ha tenido este caso, que ha llevado “de manera interesada” a los juzgados “lo que debería haberse gestionado en las instituciones y por las personas que las integran, pagando por ello un precio muy alto. La contundencia del fallo judicial y la gestión realizada estos 4 años hacen que la satisfacción personal y la conciencia queden por encima del perjuicio ocasionado”.
