CCOO y UGT estudian emprender acciones contra Álvaro y Ceballos por dejar en suspenso el ERE que afecta a 30 funcionarios

CCOO y UGT estudian emprender acciones legales contra el alcalde de Alboraya, Manuel Álvaro, y contra Roman Ceballos, máximo responsable de la Dirección General de Trabajo, al considerar contrario a la ley la decisión “unilateral” de la Generalitat de dejar en suspenso el ERE que el Ayuntamiento de Alboraya aprobó en diciembre y que afectaría a 30 funcionarios municipales.
La medida de la Dirección General de Trabajo ha causado indignación entre los sindicatos al considerar que con esta medida “la Generalitat ha decidido lavarse las manos y no provocar un nuevo enfrentamiento con los funcionarios a menos de tres semanas para las Elecciones” como denunciaron ayer a Hortanoticias.com fuentes de CCOO y UGT.

Soledad Fernández, Secretaria de Acción Sindical de CCOO, y Francisco Caballero, Secretario del Sector Local de FSP de UGT, afirmaron que “la Administración debe resolver cuando se acaba el plazo”, que en este caso acaba este martes. Para Fernández “solo en el caso que ambas partes estén de acuerdo en proseguir las negociaciones, se pueden ampliar el plazo y dejar en suspenso la negociación.

Sin embargo, según Fernández, “sin explicar los motivos, sin dar más explicaciones, sin que existan negociaciones abiertas, la Generalitat se ha plegado a la solución de Álvaro sin escuchar a las otras partes”, por lo que anunció que CCOO estudiará emprender acciones legales contra el alcalde y contra Román Ceballos, máximo responsable de la Dirección General de Trabajo.

En la misma línea se manifestó a Hortanoticias Caballero (UGT) que afirmó que esta decisión “solo tiene por objetivo retrasar el tema y tapar la vergonzosa situación con la que el alcalde de Alboraya, Manuel Álvaro, ha querido finiquitar el tema del Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 30 trabajadores municipales”.

Para Fernández y Caballero, la generalitat será corresponsable de la situación creada con su decisión de aplazar y consentir la situación creada en el Ayuntamiento de Alboraya por Manuel Álvaro ya que, entre otras consideraciones, “ha quedado demostrado, en varias ocasiones, que no existe causa económica para rescindir 30 puestos de trabajo”. © Hortanoticias