La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el alcalde de València, Joan Ribó, contra el fallo de la Agencia Española de Protección de Datos que consideró infracción muy grave la encuesta fallera que preguntaba a los falleros y falleras de Valencia por cuestiones religiosas e ideológicas. La Agencia de Protección falló contra el Ayuntamiento por vulnerar la ley de protección de datos al utilizar datos de carácter personal en la encuesta fallera.
Catalá ha afirmado que “el fallo demuestra que el Gobierno de Ribó quiso politizar el mundo fallero de la ciudad de Valencia al preguntar por cuestiones religiosas e ideológicas en una encuesta fallera”. Es un nuevo revés a la gestión en Cultura Festiva del Gobierno de Ribó que ya vio cómo Pere Fuset dejaba sus funciones al frente de dicha concejalía al ser procesado por la muerte de un trabajador en el montaje de gradas para los conciertos de Viveros en la Gran Fira de València.
Catalá también ha pedido conocer el coste que tendrá para las arcas municipales este recurso ante la Audiencia Nacional, a la que habrá que sumar las costas a las que condena a pagar la Audiencia Nacional. “Ha sido un capricho de Ribó decidir recurrir un fallo de la Agencia Española de Protección de Datos y tendrá un coste para los bolsillos de los valencianos que pagará el Ayuntamiento por vulnerar la ley de Protección de Datos en una encuesta con un marcado interés de politizar las Fallas. Queremos cuanto ha costado en abogados el recurso y cuál es el montante de las costas a pagar”.
El coste de la encuesta fue de más 21.000 euros. El contrato y adjudicación fue firmado por Fuset el 19 de abril de 2017 a la empresa ‘INVESTGROUP. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS’ por un importe de 17.550 € (21.235,50 € con IVA), al límite de los 18.000 € evitando el procedimiento negociado sin publicidad.
En el primer fallo de la Agencia Española de Protección de Datos ya fue recurrido pero el Ayuntamiento ante la propia Agencia, que terminó ratificando su propio fallo, por lo que el alcalde Ribó acudió a la Audiencia Nacional. En la encuesta, el Ayuntamiento preguntaba a los falleros por su ideología política y hasta que partido votaban. También por su simpatía por los partidos políticos y sobre sus creencias religiosas.
La resolución de la Audiencia ratifica el fallo de Protección de Datos y da la razón a los falleros –a quienes indignó la encuesta por preguntas ideológicas–, así como al Partido Popular, que pidió desde el Grupo Municipal la destrucción de esta encuesta.
El tripartito respondió a las críticas y aseguró que la encuesta cumplía con todos los requisitos para realizarse, y el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, defendió que se habían seguido los parámetros del Centro de Investigaciones Sociológicas para su elaboración. Ahora ya han sido dos los fallos contrarios a la encuesta por vulnerar la ley de Protección de Datos.
Los populares recuerdan que con la encuesta “se estaba proyectando una imagen distorsionada de los falleros y las Fallas al mundo en general. El documento cuestiona absolutamente la democracia y funcionamiento interno en las comisiones falleras y deslegitima los procesos democráticos de elección de las distintas directivas. Esta encuesta al contrario dañaban gravemente, la imagen de los valencianos que trabajan y sostienen la fiesta más grande de la ciudad”.
La encuesta sociológica sobre el mundo fallero que encargó al colectivo en el mes de junio de 2017 y cuyas conclusiones fueron que, por un lado, el mayor su mayor problema es “la convivencia vecinal” y, por otro, que “aunque su tendencia política es sobre todo de izquierdas, votará antes al PP que al tripartito actual”.
Para los populares este fallo de la Audiencia recuerda a Ribó que “las Fallas son mayores de edad, no necesitan ni tutelas ni tutores de ningún tipo, los falleros y falleras han sabido en cada momento sobreponerse a los problemas de cualquier índole, organizativos, estructurales, problemas económicos ya sean internos o externos. Y del mismo modo siempre han sido ellos los que han decidido y elegido con absoluta libertad y democráticamente quien o quienes debían dirigir cada comisión con plena independencia y responsabilidad”.
