12 funcionarios de prisiones lesionados en 2022 en la cárcel de Picassent, según el sindicato Acaip-UGT

Un total de 12 funcionarios del centro penitenciario de Picassent ha resultado lesionados durante 2022, según ha informado Acaip-UGT en un comunicado emitido con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El sindicato ha informado que la cifra de 12 lesionados es "oficial", pero ha asegurado que la "realidad" es que es "mucho más elevada" ya que "estos datos no reflejan todas las incidencias que se producen en una prisión, tan solo aquellas en las que el trabajador requiere asistencia médica".

Para Acaip-UGT, "es preciso que los medios de protección sean acordes a las funciones que los trabajadores penitenciarios realizan, no se pueden seguir utilizando los mismos medios de hace 20 años. En la actualidad existen medios más ligeros, más efectivos que los que se suministran, y a menor coste económico".

Según el citado sindicato, "la administración debe velar por la seguridad de sus trabajadores", por lo que han insistido en la "necesidad" de protocolos adecuados para prevenir las agresiones y derogar el actual "que se ha mostrado ineficiente" y en la necesidad de realizarse una evaluación precisa de los riesgos psicosociales de los trabajadores.

Acaip-UGT ha recordado que "el entorno penitenciario es muy complejo por la diversidad de situaciones a las que se enfrenta un trabajador que, con escasos minutos de diferencia puede tener que hacer frente a un intento de suicidio de un interno, una agresión, un incendio, o a solventar otras muchas tareas burocráticas y de atención al recluso".

Otro tema importante para el citado sindicato es la modificación del artículo 80 de la Ley Organiza General Penitenciaria por la que los trabajadores penitenciarios pasarían a ser considerados agente de la autoridad "lleva parada en el Congreso desde hace más de un año, por lo que solicitamos que el trámite parlamentario se agilice a fin de que, esta medida pueda servir de freno a las agresiones sufridas por los empleados públicos penitenciarios".

El sindicato ve "necesario" facilitar a los trabajadores la formación necesaria para enfrentarse a estas situaciones violentas y el apoyo psicológico adecuado cuando se producen ataques verbales y físicos.