El Gobierno municipal de Torrent ha aceptado la sentencia del TSJCV que exige la anulación de la ordenanza reguladora de las antenas de telefonía móvil, aprobada por acuerdo plenario en mayo de 2009. La empresa de telefonía France Telecom interpuso una demanda porque la ordenanza se aprobó sin un informe preceptivo de la Administración General del Estado.
Esta sentencia también obliga a la redacción de una nueva ordenanza y suspende de manera cautelar el otorgamiento de nuevas licencias que ocupen el espacio radioeléctrico. La ordenanza entró en vigor con los votos a favor de PP y del PSOE y el voto en contra de Compromís per Torrent.
El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, ya advirtió en el Pleno de aprobación inicial, de noviembre de 2008, que el texto era mejorable y pedía una reunión durante el trámite de reclamaciones, con el entonces concejal de Urbanismo, Santiago Martí, para discutir estos aspectos y llegar a un acuerdo.
En aquel momento, el concejal de Urbanismo manifestó que estaría “encantado” de reunirse con Compromís pero “la reunión no se produjo nunca, de tal manera que la Ordenanza ha mantenido su redacción hasta la derogación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”, señala Beguer.
Para el portavoz de Compromís, “el Gobierno del PP está sumido en un caos judicial contra su gestión, que está provocando, como consecuencia, la sucesiva pérdida de credibilidad ante todos los procesos legales que se presenta” y, en ese sentido, ha recordado “el reciente contencioso perdido contra UGT por las irregularidades cometidas en las oposiciones de la Policía de Torrent”.
Finalmente, el portavoz de Compromís ha manifestado que “es hora de que el PP deje de considerar como enemigos a aquellos que cuestionan su manera de hacer política, y haga un ejercicio de reflexión y autocrítica de su gestión al frente del Ayuntamiento de Torrent”.
