La resolución adoptada por el Consell días antes del cambio de poder en la administración autonómica que han provocado la revocación de las competencias del ayuntamiento en la construcción del Palau de Justicia ha indignado al nuevo equipo de Gobierno de Torrent.
El consistorio recibió el pasado viernes un requerimiento firmado a fecha de 26 de junio por la ya exconsellera Gabriela Bravo, y rubricado por la exvicepresidenta Aitana Mas tres días después, en el que se notifica la anulación del convenio firmado en el año 2018 aludiendo a un sobrecoste de 16,8 millones en el proyecto.
Esto ha sido causado por la subida del coste de los materiales y a las modificaciones realizadas por el Consell a posteriori, pasando de costar 17,7 millones a 32,9 millones. Igualmente, el escrito concluye que el porcentaje de actuaciones realizadas en base al acuerdo establecido era insuficiente.
"Una decisión ilógica y una gran inversión"
Al respecto, el máximo responsable del área de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha remarcado que “es inexplicable que se tomara una decisión tan importante en los últimos días de la legislatura, sin dejar que el nuevo Consell elegido por todos los valencianos y valencianas estudiara la propuesta y adoptara la solución pertinente. Contradice toda lógica democrática”.
El edil también ha destacado que “el Ayuntamiento de Torrent ha invertido muchas horas de trabajo para que este proyecto salga adelante, además de una gran cantidad de dinero, en cuestiones como la redacción del proyecto o la urbanización del terreno donde se iba a ubicar el Palau de Justicia, que no tenemos intención de dar por perdido en nombre de Torrent y todas las personas que viven en nuestra gran ciudad”.
15 años después de la primera piedra...
Con esta decisión, el Palacio de Justicia de Torrent sufre un nuevo retraso. 15 años después de la colocación de la primera piedra, Torrent deberá esperar aún un poco más para colocar la segunda piedra del esperado Palacio de Justicia. En aquel momento el entonces conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, anunció en junio de 2008 a la entonces alcaldesa de Torrent, María José Catalá, el inicio de las obras. 15 años después, el Palacio de Justicia de Torrent sufre un nuevo varapalo y un nuevo retraso.
