La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha reabierto hoy la investigación del accidente del metro de julio de 2006, donde murieron 43 personas, con la declaración de dos funcionarios de la brigada de Policía Judicial que hicieron su informe quince días después de la tragedia.
La declaración de ambos policías se ha producido en calidad de "testigos-peritos" y es una de las diligencias que la Audiencia de Valencia, en su auto del pasado día 21, ordenaba practicar a la jueza en el marco de la reapertura de la investigación judicial del siniestro, en el que también resultaron heridas 47 personas.
La jueza Nieves Molina había archivado la petición de ampliación de investigación del caso -ante nuevas pruebas que habían ido saliendo a la luz- y tanto la Fiscalía como la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio habían recurrido esa decisión ante la Audiencia, que estimó parcialmente ambos recursos.
El auto de la Sección Segunda de la Audiencia revocó ese auto del Juzgado número 21 y ordenó la práctica de once nuevas diligencias "ya que existen indicios, nuevas señales o pistas que pudieran aclarar, iluminar o ilustrar el motivo o la causa" de la tragedia.
Estas pasan por tomar declaración como testigos a los mecánicos y personal del taller que revisaron la unidad siniestrada en 2005 y 2006, y requerir a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) el listado de maquinistas que tuvo esa unidad desde el 20 de junio de 2006 y en concreto cuáles la conducían en los descarrilamientos previos que sufrió, que serán oídos por la jueza en calidad de testigos.
FGV tendrá también que remitir copia del informe de la avería en los frenos de la unidad siniestrada, y el Sindicato Independiente Ferroviario hacer lo mismo con la documentación que disponga sobre esa incidencia, ocurrida entre el 20 y el 21 de junio.
Además, Siemens, como fabricante de la unidad siniestrada, habrá de informar sobre las características técnicas de ventanas y marcos y de los sistemas de sujeción de esta, así como las causas y medidas adoptadas tras el incidente con el sistema de frenado ocurrido trece días antes del accidente que tuvo lugar en la estación de Jesús.
Ferrocarrils, asimismo, tendrá que dar cuenta de las personas que en aquellas fechas eran responsables de revisar periódicamente y decidir la ubicación y características técnicas y de funcionamiento de las balizas de limitación de velocidad instaladas en el tramo Plaza de España-Jesús.
La Audiencia ordenaba también practicar nueva diligencia de investigación pericial por el mismo perito que hizo los informes anteriores "con los nuevos datos, hechos y documentos que se deduzcan de las diligencias anteriores", para determinar si el estado de la UTA 3736 fue una de las causas del accidente.
