La Generalitat Valenciana ha manifestado su rechazo frontal al proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modifica los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). El Consell ha advertido formalmente que acudirá a la vía judicial si el Gobierno central mantiene un texto que considera que atenta directamente contra los intereses del litoral de la Comunitat Valenciana.
Para la administración autonómica, la propuesta del Ministerio supone una “alteración sustancial” del régimen vigente y carece de la justificación técnica necesaria. La Generalitat denuncia que los nuevos criterios de deslinde propuestos generarán una “grave inseguridad jurídica” tanto para los municipios costeros como para los propietarios de bienes e instalaciones en primera línea de playa, poniendo en riesgo inversiones clave y la estabilidad económica de la región.
El Ejecutivo valenciano defiende que la sostenibilidad de la costa no debe alcanzarse mediante la imposición de restricciones arbitrarias que ignoren la realidad socioeconómica del territorio. Por ello, exige la retirada o modificación sustancial del decreto para garantizar un marco normativo claro, consensuado y previsible que proteja de manera efectiva el medio ambiente sin estrangular el desarrollo de las actividades locales vinculadas al turismo y la economía marítima.
