La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Mª Josep Amigó, se ha reunido con Ferran Puchades, secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas; Eva Coscollà, directora general de Funciones Públicas; y José Ruiz, diputado de Administración General, con el objetivo de hacer patente la adhesión de la corporación provincial al convenio marco que pretende favorecer la movilidad interadministrativa para las empleadas públicas víctimas de violencia de género y el protocolo de actuación en la Administración de la Generalitat Valenciana.
La vicepresidenta ha incidido: “Las administraciones públicas no pueden ser ajenas a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales. Para eso tenemos que adoptar medidas globales que contribuyen a una protección más efectiva que permita compatibilizar la vida profesional de las personas afectadas”.
Por su parte, Puchades ha destacado “la buena predisposición mostrada por la Diputación para luchar contra la violencia machista”. Además, ha subrayado que la Comunitat Valenciana “es la primera comunidad autónoma en poner en marcha este sistema”.
Según este convenio, las víctimas de violencia de género que trabajen para la administración podrán pedir el traslado a otra administración para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral. En este caso, el traslado será a un puesto de trabajo que tenga las mismas características que el original.
