La Diputación de Valencia que preside Jorge Rodríguez ha reducido en 1, 8 millones de euros la tasa que pagan 309 ayuntamientos y entes locales por la recaudación de impuestos, a través del Servicio de Gestión Tributaria (SGT) de la Corporación provincial. Esta cantidad es la resultante de disminuir un 25% la tasa por el cobro, en período voluntario, de una serie de impuestos, entre ellos el IBI, el IAE o el de Vehículos de Tracción Mecánica.
Jorge Rodríguez ha destacado la importancia de esta medida puesta en marcha desde el área de Hacienda que dirige Toni Gaspar, puesto que la intención es “ayudar a los municipios a que tengan una mayor liquidez, ya que al final ese dinero que dejan de pagar en la cesión de la recaudación de impuestos se queda en los ayuntamientos”.
En la lista de entes locales adheridos al SGT de la Diputación, la mayor parte ayuntamientos, también se incluyen otros organismos como comunidades de regantes, entidades de saneamiento de aguas o consorcios de prevención de incendios.
Este Servicio de Gestión Tributaria consta de tres partes diferenciadas. Por un lado la gestión de esos tributos, por otro la recaudación en período voluntario, y en tercer lugar la fase ejecutiva, en la que se cobran los recargos e intereses de demora. Los entes locales pueden solicitar los tres servicios o alguno de ellos de forma independiente, así como la gestión y recaudación de todos los impuestos o de algunos en concreto.
Cumplimiento del Plan Económico Financiero
La valoración de los efectos que esta modificación de la tasa puede tener sobre el presupuesto de 2016 se cuantifica en un máximo de 1.800.000 euros, dentro de los márgenes de estabilidad presupuestaria y regla del gasto previstos en el Plan Económico Financiero aprobado en el pleno de la Diputación de Valencia.
Para el presupuesto de 2017 y siguientes, el informe de la Oficina Presupuestaria provincial deja claro que los gastos se deberán ajustar con la nueva previsión de ingresos para cumplir con la estabilidad presupuestaria. En cuanto a contratos y convenios de colaboración que puedan afectar a los gastos e ingresos públicos, deberán someterse de forma estricta al cumplimiento de la sostenibilidad financiera.
Respecto a la estabilidad presupuestaria, la capacidad de financiación prevista en el presupuesto de este año, dentro del Plan Económico Financiero, es de algo más de 34 millones de euros, mientras que en 2017 será de algo más de 39 millones de euros.
