La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 ha denunciado este miércoles, a pocos días del segundo aniversario de la tragedia, los retrasos en la reconstrucción de los municipios afectados, la falta de asunción de responsabilidades políticas y lo que considera un “fracaso” del Consell en la adaptación al riesgo climático y la prevención de nuevas catástrofes. El colectivo ha advertido de que todavía hay alumnos en aulas prefabricadas en Catarroja, Massanassa, Alfafar y Paiporta, mientras la Generalitat impulsa una nueva legislación urbanística que, a su juicio, no responde adecuadamente a los nuevos riesgos de inundación.
Las representantes de la entidad, Mariló Gradolí, Toñi García y Empar Puchades, han comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para hacer balance de la gestión institucional dos años después de las inundaciones que causaron 233 víctimas mortales en seis comarcas valencianas.
La valoración de la asociación ha sido contundente: “En responsabilidades, enmienda a la totalidad. En reconstrucción, suspenso. Y en adaptación al riesgo climático y prevención, fracaso”.
“La DANA Adam demuestra que se puede gestionar de otra manera”
La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, ha comparado la gestión de la DANA de octubre de 2024 con la respuesta ante la reciente DANA Adam, que ha afectado especialmente a las comarcas de la Safor y la Marina Alta.
Gradolí ha asegurado que este nuevo episodio ha demostrado que “las danas se podían gestionar de una manera muy diferente” y ha afirmado que la principal diferencia ha sido que “no se ha estado en El Ventorro”, en referencia al restaurante donde se encontraba el expresidente Carlos Mazón durante parte de la jornada del 29 de octubre de 2024.
Según la presidenta, la diferencia no ha sido tanto la coordinación como la presencia de los responsables políticos al frente de la emergencia, ejerciendo las competencias que corresponden a la Generalitat.
Gradolí ha destacado que la respuesta ante Adam ha permitido comprobar cómo las consellerias pueden coordinarse entre ellas y con otras administraciones cuando los responsables institucionales están donde les corresponde.
Por su parte, Empar Puchades ha ofrecido el apoyo administrativo, judicial y humano de la asociación a las personas afectadas por el nuevo temporal. Toñi García, que perdió a su marido y a uno de sus hijos en la DANA de 2024, ha pedido que las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) puedan atender también a las víctimas y personas afectadas de la Safor y la Marina Alta.
Alumnos en barracones en Catarroja, Massanassa, Alfafar y Paiporta
Uno de los principales reproches de la asociación se centra en la reconstrucción de los servicios públicos y, especialmente, en las infraestructuras educativas de l’Horta Sud.
El colectivo ha denunciado que el alumnado de la zona cero continúa en aulas prefabricadas en Catarroja, Massanassa, Alfafar y Paiporta, dos años después de las inundaciones.
Las víctimas han cuestionado el balance oficial del Consell sobre el Plan Endavant, impulsado durante la etapa del vicepresidente para la Reconstrucción Francisco José Gan Pampols.
La asociación ha criticado lo que ha denominado “el PowerPoint de tres millones de euros de Gan Pampols”, en referencia al plan de reconstrucción presentado por la Generalitat.
Según el colectivo, aunque el Gobierno valenciano asegura haber puesto en marcha el 100% de las actuaciones de su competencia, la situación de los centros educativos continúa evidenciando las carencias de la reconstrucción.
“La realidad que ven las familias es que hay centros que todavía no están reconstruidos”, han lamentado las representantes de la asociación, que consideran que existe una contradicción entre el relato institucional y la realidad que viven las familias de los municipios afectados.
Los nuevos mapas elevan un 125,7% la superficie inundable en l’Horta Sud
Otra de las principales críticas de la asociación se centra en las políticas de ordenación del territorio y la prevención ante futuros episodios meteorológicos extremos.
El colectivo ha recordado que la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) señala un incremento medio del 61,2% de la superficie inundable que necesita protección.
Sin embargo, en l’Horta Sud el incremento alcanza el 125,7%, un dato que, según las víctimas, pone de manifiesto la necesidad de revisar las decisiones urbanísticas y adaptar la planificación territorial a los nuevos escenarios climáticos.
La asociación ha cuestionado que, paralelamente a la actualización de los mapas de riesgo, el Consell impulse una nueva ley del suelo que pretende sustituir la normativa urbanística actual y que se tramita por la vía de urgencia.
Según han advertido las representantes del colectivo, la propuesta contempla una mayor ocupación de suelo rústico y la posibilidad de convertir en permanentes determinadas declaraciones de interés comunitario que hasta ahora tenían una duración limitada.
“Si acabamos de descubrir que el riesgo de inundación es mucho mayor del que contemplaban los mapas anteriores, ¿por qué la prioridad legislativa es acelerar una nueva ordenación del suelo?”, se han preguntado.
Las víctimas también han planteado qué modelo territorial debería impulsarse después de una catástrofe de las dimensiones de la DANA de 2024.
Para el colectivo, la reconstrucción no puede convertirse en una nueva oportunidad de negocio vinculada al territorio, sino que debe priorizar la seguridad, la resiliencia y la protección de las personas.
En este sentido, han reclamado revisar el urbanismo, las infraestructuras, los equipamientos esenciales, las vías de evacuación, los sistemas de emergencias y las políticas de vivienda.
La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, ha resumido esta reivindicación asegurando que “no se trata de construir ni de reconstruir más rápido, se trata de reconstruir mejor y de dar seguridad”.
Las víctimas denuncian que Mazón mantiene el aforamiento
En materia de responsabilidades, la asociación ha vuelto a cuestionar la situación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que continúa ocupando un escaño en Les Corts Valencianes y mantiene su condición de aforado.
El colectivo ha recordado que, en la causa judicial por la DANA, figuran como investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, mientras que la condición de aforado de Mazón impide que pueda ser investigado directamente por el juzgado instructor.
Las víctimas han reclamado que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión del aforamiento y han defendido que ningún privilegio procesal debería situarse por encima del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer lo ocurrido.
Además, han criticado que Mazón “continúa ocupando un escaño en las Corts Valencianes y cobrando como diputado mientras no ha dado las explicaciones que las víctimas y la sociedad valenciana reclamamos”.
Gradolí ha calificado el aforamiento de “fraudulento” y ha afirmado que el colectivo ha impulsado el envío de más de 2.000 cartas relacionadas con la reclamación ante el Tribunal Constitucional.
La asociación también ha acusado al Partido Popular y Vox de continuar protegiendo a quien era el máximo responsable político de la Generalitat durante la catástrofe.
Según el colectivo, la falta de responsabilidades no se limita a las posibles consecuencias judiciales, sino que también afecta a las decisiones políticas e institucionales adoptadas después de la tragedia.
Críticas a las comisiones de investigación del Congreso y Les Corts
Las representantes de la asociación han valorado positivamente el trabajo desarrollado en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, aunque han lamentado que la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes Generales impidieran aprobar las conclusiones.
En cambio, han expresado una opinión “muy negativa” sobre la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, a la que acusan de falta de escucha activa, análisis y profundidad.
El colectivo considera insuficientes las conclusiones de la comisión autonómica ante una tragedia de las dimensiones de la DANA.
Además, ha denunciado que en los resúmenes de algunas intervenciones de las asociaciones de víctimas se percibió una voluntad de despreciar o minimizar sus aportaciones.
Relaciones “completamente rotas” con el Consell de Pérez Llorca
La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 ha asegurado que sus relaciones con la Generalitat Valenciana están “completamente rotas”.
Las representantes han criticado que el presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, no haya escuchado sus reivindicaciones y haya mantenido en el Gobierno a responsables que ya formaban parte del Ejecutivo durante la DANA.
En concreto, han señalado a Susana Camarero, por sus competencias en residencias y dependencia; José Antonio Rovira, por Educación; Miguel Barrachina, por las cuestiones relacionadas con una presa de titularidad autonómica; y Vicente Martínez Mus, por Infraestructuras.
La asociación considera que no se puede entender que, después de una catástrofe como la del 29 de octubre, se mantenga en puestos de responsabilidad a personas que integraban la estructura del Gobierno que gestionó aquella emergencia.
Por este motivo, ha planteado una “enmienda a la totalidad” a la gestión del Gobierno de Pérez Llorca en materia de responsabilidades.
El colectivo también ha calificado al presidente autonómico de continuador de las políticas de Carlos Mazón, al considerar que no se ha producido el cambio de modelo que reclamaban después de la catástrofe.
Paiporta acogerá un homenaje a las víctimas el 29 de octubre
Coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia, la asociación ha anunciado que el próximo 29 de octubre, a las 19:00 horas, celebrará un acto de homenaje en Paiporta, junto al barranco.
La conmemoración incluirá un recuerdo especial para las personas afectadas por la reciente DANA Adam, que ha provocado inundaciones en la Safor y la Marina Alta.
Gradolí ha explicado que la finalidad del acto es “sanar, recordar para que no vuelva a pasar lo que pasó en octubre de 2024”.
