El Juzgado de Instrucción nº 15 de València ha ordenado la apertura de juicio oral contra el que fuera consejero delegado de EMARSA, presidente de la EMSHI, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.
El juez considera a Crespo y a Esteban Cuesta –gerente de Emarsa- como autores, y al empresario Jorge Ignacio Roca Samper como colaborador necesario, en una trama de facturación y cobro de IVA indebido que, entre los años 2006 y 2009 supuso la devolución por parte de Hacienda a la entidad que gestionaba la depuradora de Pinedo de 1.395.798,16 euros de más en las cuatro declaraciones anuales del IVA.
Además, el auto de apertura de juicio oral señala como responsable civil subsidiario a las firmas Erwinin, Printergreen y Zonday Investments, y a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi). A los tres acusados se les reclama en concepto de responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria, 1.395.798 euros, más 3,3 millones de euros de multa.
Según se explica en el auto, la intermediación de las empresas gestionadas por Roca en la gestión de los lodos de la depuradora de Pinedo generó durante cuatro años facturas “inauténticas”. Mientras la empresa que efectivamente realizaba el trabajo facturaba a estas mercantiles a razón de 18 euros por tonelada y aplicando el IVA correspondiente del 7 %, las empresas de Roca facturaban a Emarsa por el mismo concepto a un precio medio de 45 euros por tonelada y aplicando un IVA del 16 %.
Era este IVA el que Emarsa, en su declaración anual se deducía, consiguiendo devoluciones por parte de la Agencia Tributaria de 1.128.210 euros en 2006; 1.033.793 euros en 2007; 897.927 en 2008 y 671.423 en 2009. En total, 3.731.353 euros de los que, según recoge el auto, 1.396.798 euros se cobraron de manera indebida.
El juez considera que tanto Crespo como Cuesta sabían de la irregularidad de las facturas emitidas por las empresas de Roca y aun así presentaron declaraciones de IVA anuales en base a facturas “inauténticas” por lo que los considera autores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública.
