Los hechos ocurrieron en febrero de 2012, cuando un camionero que llevaba un vehículo articulado y que tenía que descargar un cargamento de fruta en una empresa de Albal tuvo una discusión verbal con el vigilante quien, para evitar que abandonara el lugar, se sitúo frente al camión. El conductor aceleró y atropelló al trabajador causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte inmediata.
En 2013, tras ser declarado culpable por un jurado popular, la Audiencia le absolvió de un delito de asesinato -que pedían el Ministerio Fiscal y la acusación particular- y le condenó como autor de un delito de homicidio a la pena de diez años de prisión, así como al pago por parte de la aseguradora de 137.629 euros a la viuda y 11.463 euros a cada uno de los dos hijos del vigilante.
Contra esta sentencia las partes presentaron varios recursos, entre ellos el Ministerio Fiscal, que consideraba que en los hechos probados de la sentencia se apreciaba alevosía como circunstancia concurrente y, por tanto, debían de calificarse los hechos como asesinato y no como homicidio.
El TSJCV ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía al considerar que la acción del atropello está vinculada con el “previsible resultado de la muerte” y la “asunción por el acusado de dicha consecuencia” al tratarse de una acción que sorprendió a la víctima y le impidió defenderse. Por ello, ha incrementado la pena de prisión para el acusado de 10 a 15 años.
