La Generalitat, a través de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), invertirá 25 millones de euros para aplicar medidas correctoras en la depuradora de Pinedo y evitar su cierre, tal como establece una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El Tribunal Superior de Justicia valenciano estimó parcialmente las demandas vecinales y ordenó al Ayuntamiento el cierre de la fase III de esta depuradora por carecer de un permiso de explotación -en las otras dos fases los daba por prescritos-, aunque en la práctica esto significaría el cierre de toda la instalación porque todas las fases están conectadas.
El cierre de la instalación supondría dejar de tratar y verter directamente al mar las aguas residuales generadas por alrededor de un millón de habitantes de la ciudad de València y su área metropolitana.
En la reunión de anoche para presentar el plan de actuación de la Epsar, Quesada informó a los vecinos que la inversión de 25 millones permitiría aplicar medidas correctoras y redundarían en positivo sobre los problemas de ruido y olores, además de regular el tráfico de vehículos pesados por la zona.
La Generalitat también se comprometió a realizar acciones de carácter medioambiental y medidas encaminadas a la mejor de la eficiencia energética en la planta depuradora de aguas.
Según fuentes de la Generalitat, durante el encuentro, que se desarrolló en un clima de colaboración, los vecinos de Pinedo han solicitado participar activamente en el desarrollo del Plan.
El secretario autonómico se ha comprometido a propiciar un encuentro de todas las administraciones con el grupo de vecinos para escuchar sus demandas y sugerencias.
