La queja, presentada por un vecino de La Pobla de Farnals, señalaba que en la página web del Ayuntamiento, si bien los menús aparecían en las dos lenguas co-oficiales, los contenidos tan sólo se podían consultar en castellano. El Consistorio ha reconocido el error y espera que se subsane “en un breve período” de tiempo.
Sin embargo, durante la tramitación del procedimiento, el Síndic de Greuges observó otra irregularidad, ya que mientras la queja fue formulada y trasladada al Consistorio íntegramente en valenciano, la respuesta dada por el Ejecutivo local fue redactada en castellano, un hecho que incumple la Llei d'ús i ensenyament del valencià.
En este sentido, la reclamación presentaba alegaba que “la web oficial de l’Ajuntament, tot i tenir una opció en valencià, té tots els continguts exclusivament en castellà, i esta circumstància vulnera el mandat estatutari que imposa als poders públics, tant autonòmics com locals, la promoció i protecció del valencià, i la Llei d’ús i ensenyament del valencià, que determina que el valencià és la llengua pròpia de la Generalitat, de les administracions i corporacions municipals, com també de les empreses públiques que en depenen.”
La respuesta del Ayuntamiento, por su parte, señalaba que la Alcaldía ha“procedido a la comprobación de la citada queja, y con gran sorpresa se ha visto que, efectivamente, en cuando en la página de inicio se selecciona el idioma valenciano, todos los apartados aparecen en valenciano pero no el contenido de los mismos, todo ello debido a que no se ha traducido al valenciano la documentación que
constantemente se va colgando en la página web”.
Así, añade que “se ha ordenado la inmediata subsanación del citado error por lo que esperamos que en un breve periodo todos los contenidos de la web se encuentren en valenciano”.
Respetar la lengua utilizada por el ciudadano
De este modo, el expediente quedó resuelto, aunque la lengua utilizada para responder por el Ayuntamiento ha sido el punto de partida para una nueva recomendación.
Y es que, según señala el Síndic, el Ayuntamiento tiene el deber legal “de respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de utilizar en todos los procedimientos y en cualquier otra forma de relación con ellos la lengua (castellana o valenciana) empleada por ellos”.
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