El Pleno del Ayuntamiento de València acordó continuar la tramitación de 18 programas de actuación integrada (PAI) para generar suelo destinado a 13.000 viviendas, incluidas 2.855 de protección pública. La medida forma parte de una moción alternativa del Grupo Popular sobre acceso a la vivienda, aprobada en una sesión extraordinaria en la que también prosperó otra propuesta del concejal de Urbanismo, Juan Giner, sobre alojamientos turísticos.
La mayoría del equipo de gobierno, integrado por los grupos Popular y Vox, rechazó las tres mociones presentadas por Compromís, relativas a los precios del alquiler, las viviendas turísticas y el derecho a la vivienda. También votó en contra de declarar València zona de mercado residencial tensionado. Siete entidades ciudadanas intervinieron en la sesión para exponer sus dificultades de acceso a la vivienda.
Alquiler y viviendas turísticas
La portavoz de Compromís, Papi Robles, pidió al Consell que declare València zona tensionada, de acuerdo con la ley estatal de vivienda, para establecer un sistema de control de los alquileres. El concejal socialista Borja Sanjuán respaldó la petición. Ambas intervenciones señalaron el encarecimiento de la vivienda y sus efectos sobre las familias y la población joven. Las propuestas no prosperaron.
Compromís también planteó modificar el Plan General para declarar incompatible el uso turístico en edificios residenciales, exigir la acreditación de compatibilidad urbanística para renovar la inscripción de esos alojamientos y recuperar la tasa turística por pernoctación. Su moción incluyó pedir la declaración de zona tensionada para posibilitar un recargo del IBI de hasta el 150 % a los pisos turísticos, destinado a vivienda asequible, y establecer una tarifa de residuos basada en un estudio de costes. La iniciativa, respaldada por el Grupo Socialista, fue rechazada.
En su lugar, el Pleno aprobó la alternativa defendida por Giner, que acuerda mantener la aplicación de las normas urbanísticas aprobadas el 31 de marzo de 2026 e impulsar ayudas con dotación en el presupuesto de 2027. Estas ayudas se plantean para que las comunidades de propietarios puedan modificar sus estatutos y oponerse a alojamientos turísticos en los bajos de edificios residenciales mixtos. El acuerdo contempla promover un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas y continuar las inspecciones y la ejecución de órdenes de cese de apartamentos turísticos ilegales, con coordinación entre las administraciones implicadas.
Medidas sobre vivienda
La tercera moción de Compromís reclamaba, entre otras medidas, restablecer el tanteo y retracto, recuperar la oficina municipal de vivienda y destinar viviendas vacías de la Sareb a alquiler social y asequible. También proponía mantener de forma permanente la protección de viviendas construidas en suelo público o adquiridas con fondos públicos, no vender ni permutar suelo municipal residencial y proteger frente a los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional. El Grupo Socialista apoyó la iniciativa, que fue sustituida por la alternativa del Grupo Popular.
Además de la tramitación de los 18 PAI, la alternativa aprobada incluye seguir otorgando licencias, responder a solicitudes para revertir apartamentos turísticos a uso residencial, permitir transformar despachos en viviendas mediante la revisión de las normas del Plan General y regular las viviendas interiores. El acuerdo también recoge que, en determinados procedimientos de adjudicación de vivienda pública, se tenga en cuenta el empadronamiento ininterrumpido durante al menos cinco años y la nacionalidad española, valorando conjuntamente la residencia efectiva y los vínculos con la ciudad.
La corporación reclamó reformas estatales para agilizar los desalojos, endurecer la respuesta penal frente a la ocupación ilegal y perseguir el subarriendo fraudulento, el hacinamiento y la infravivienda. También pidió que las ayudas al alquiler se destinen a personas con residencia legal en España. El Ayuntamiento contempla reforzar los controles del padrón frente a empadronamientos fraudulentos. La sesión incluyó asimismo una interpelación de Robles sobre las medidas de los Servicios Sociales municipales para prevenir desahucios y la exclusión residencial.
Intervenciones ciudadanas
Participaron el Consell de la Joventut de València, la Associació de Veïnes i Veïns La Torre, Intersindical Valenciana, la Asociación de Vecinos La Roqueta, la Associació de Veïnes i Veïns de Campanar, la Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores de Patraix y el Sindicat d’Estudiants. Sus representantes expusieron problemas relacionados con el acceso a la vivienda, los precios del alquiler y la dificultad de emancipación de la población joven.
El representante del Consell de la Joventut pidió un portal público para seguir los compromisos municipales en materia de vivienda. Desde el Sindicat d’Estudiants se aludió a la movilización juvenil ante las dificultades para acceder a una vivienda. Representantes vecinales reclamaron, entre otras medidas, la declaración de zona tensionada y una tasa turística; desde Campanar también expresaron solidaridad con quienes se han opuesto al PAI de Benimaclet aprobado horas antes.
Telegram
WhatsApp
