Según el auto, con fecha de 26 de octubre de 2015, “procede el sobreseimiento provisional de la causa dado que, de las abundantes diligencias de investigación llevadas a cabo en la presente causa no han podido extraerse indicios de criminalidad sobre la posibles comisión por parte de Amparo Folgado, Pilar Vilanova, Enrique Carratalá, José Francisco Gozalvo, José Santiago Miguel, Modesto Salvador Muñoz, María Luisa Martínez, Jorge Planells y Carmen Benavent, de un delito de prevaricación.
La portavoz del PP y ex alcaldesa del municipio, Amparo Folgado, ha valorado hoy el archivo de la causa en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la mayor parte de los entonces concejales acusados de prevaricación. Para Folgado, el auto demuestra que “lo que hizo el Gobierno municipal con los informes de los técnicos a favor estaba bien hecho”.
En ese sentido, ha recordado que se toma la decisión de resolver el contrato con Gaia porque, a los incumplimientos del pliego de condiciones en cuestiones como el mantenimiento o, su decisión unilateral de impedir a los clubes de Torrent usar las instalaciones de manera gratuita, se sumó el impago del canon previsto para 2013 y 2014 e, incluso, “no consta que se haya pagado el de 2015”.
En total, según la portavoz popular, la deuda de Gaia con los torrentinos suma casi un millón de euros por lo que ha pedido al Gobierno actual que exija a la empresa el pago de esa deuda al tiempo que ha recordado al equipo de Gobierno, actualmente, en conversaciones con la empresa, que ceder a las supuestas pretensiones de Gaia de conseguir una rebaja en el canon podría no ajustarse a la legalidad, como ya le advirtieron a su Gobierno los técnicos municipales la pasada legislatura.
Los populares han señalado que el único motivo de la querella presentada por Gaia contra ellos era aplazar la resolución del contrato ya que, una vez incoadas las diligencias judiciales para resolver la querella, los concejales, que entonces formaban la Junta de Gobierno, quedaron automáticamente inahbilitados para tomar ninguna decisión respecto a la adjudicación de Parc Central en un trámite que la Junta de Gobierno no podía delegar al pleno.
Por ello, Folgado ha recordado que es el equipo de Gobierno quien tiene que resolver de una vez por todas esta situación “y poner por delante de los intereses personales, los intereses de los torrentinos”. En ese sentido, desde el PP lamentan, en todo este proceso judicial, no haber contado, según dicen, con el apoyo del resto de grupos políticos, entonces en la oposición, a pesar de que estos sabían que contaban con informes favorables de los técnicos para resolver el contrato y sabían que la empresa estaba incumpliendo el pliego de condiciones y los plazos de pago del canon.
