La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Aldaia en su actuación en el expediente de la fábrica de boquillas y artículos de fumador, propiedad de la familia de la alcaldesa. El juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Valencia ha dictado una sentencia en la que declara la inadmisibilidad de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por dos vecinos contra el Ayuntamiento.
En dicha reclamación, los particulares pedían 6.000 euros de indemnización cada uno por “daños morales”, alegando molestias por ruido de la fábrica y la supuesta inactividad del Ayuntamiento.
El recurso había sido presentado por dos vecinos contra una resolución de Alcaldía del 11 de junio de 2009 en la que el Ayuntamiento desestimaba una reclamación administrativa presentada por estos dos vecinos por responsabilidad patrimonial en la cantidad de 6.000 euros a cada uno por daños morales.
Sin embargo, el juzgado ha secundado el argumento del Consistorio y ha declarado la inadmisibilidad del recurso interpuesto por estos dos ciudadanos de Aldaia por “concurrir cosa juzgada”, es decir, que ya se valoró este aspecto en un procedimiento anterior presentado por estos dos ciudadanos al respecto de la citada fábrica.
Desde el Ayuntamiento han declarado que hizo en su día mediciones sonoras y requerimientos a la empresa para que implantara medidas correctoras. La citada sentencia, dictada el pasado 27 de enero, entró por el Registro de Entrada del Ayuntamiento el 7 de febrero.
La alcaldesa, que tiene una abstención legal en este proceso por tratarse de una empresa de sus familiares, ha delegado el procedimiento administrativo en el concejal de Urbanismo, Francesc Ferrer, quien se ha mostrado satisfecho por el fallo judicial. Ferrer afirma que la sentencia “demuestra que no ha habido negligencia ni favoritismo del Ayuntamiento en este caso, y que el departamento de urbanismo ha actuado con esta fábrica de la misma manera que con el resto de empresas, defendiendo siempre los intereses generales de la ciudadanía por encima de los particulares”.
Malicia y acoso del PP
Por otra parte, el equipo de Gobierno municipal ha manifestado que la sentencia avala la correcta gestión del Ayuntamiento en este asunto. El equipo de Gobierno critica al PP local porqué está utilizando este tema de forma maliciosa para desprestigiar a la alcaldesa con fines electoralistas “y también para desacreditar la profesionalidad de los técnicos municipales”.
Las críticas del PP en relación a esta fábrica no obedecen a un acto honrado de interés por el bienestar de la ciudadanía, o al desconocimiento del procedimiento administrativo que los concejales del PP conocen bien, sino que más bien responde a una campaña de acoso personal contra la alcaldesa y de persecución continua a una actividad empresarial de una familiar de la primera edil. Es una forma maliciosa y deshonesta de hacer oposición, apuntan el equipo de Gobierno.
