El Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna ha decretado el sobreseimiento y el archivo de las diligencias abiertas el pasado 1 de junio a instancias de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Fosa 113 del cementerio de Paterna tras el hallazgo de los doce primeros cuerpos de represaliados en los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo gracias a una subvención de la Diputación de Valencia. Según el Juzgado, los posibles delitos ya habrían prescrito.
Según el auto, el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Paterna y las evidencias halladas por los científicos han confirmado la antigüedad de los cuerpos y el consecuente sobreseimiento y archivo de las actuaciones.
Este auto revoca así la decisión que el mismo juzgado había tomado de judicializar el caso el pasado 1 de junio, a raíz de la comparecencia que habían presentado ante la Comisión Judicial el presidente de la Asociación de Familiares, Santiago Vallés, los arqueólogos y antropólogos Miguel Mezquida y Javier Iglesias y la diputada provincial de Memoria Histórica, Rosa Pérez.
Vallés ha explicado que tras la comparecencia del pasado jueves y la personación de la jueza y el médico forense en el cementerio para que corroborasen el hallazgo de los restos de doce cuerpos con signos de violencia, las familias estaban “muy esperanzadas”. En aquel momento, Vallés explicó que la importancia de que la Policía Científica se hiciera cargo de los restos significaba que el Estado asumía la tarea de identificación de los mismos y la certificación de que fueron asesinados implicaba que las familias podrían adherirse a causas judiciales ya abiertas como la de Argentina.
Sin embargo, este archivo implica que, de nuevo, la tarea de identificar a sus familiares recae en la asociación con una subvención de la Diputación de Valencia y el trabajo de la asociación ArqueAntro. El director de la exhumación, Javier Iglesias, señaló que los restos tardarían entre un año y año y medio en poder ser identificados siempre y cuando estuvieran suficientemente bien conservados como para recuperar restos de ADN.
Para Vallés, la judicialización de la causa era esperanzadora porque “por primera vez en la Comunitat, la Justicia asumía lo que para nosotros siempre ha sido un deber moral por parte del Estado: proceder a la recogida de los cuerpos y su identificación posterior”. Así, el sobreseimiento del caso lleva aparejada la revocación de la orden cursada la pasada semana al Instituto de Medicina Legal de Valencia y al Cuerpo Nacional de Policía para que colaborasen en la causa.
Este archivo de las actuaciones supone “un duro golpe para las familias al ver cómo el Estado dejará de asumir la responsabilidad que había asumido en un primer momento, con lo que eso conlleva de quebranto económico al no poder, de momento, concluir los trabajos de identificación de los cadáveres”, según explica la asociación en el comunicado donde también anuncian que estudia ya recurrir el archivo judicial de esta causa.
