El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el “caso Imelsa” centrado en un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, ha acordado declarar la complejidad en la pieza separada E de la causa, relacionada con las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia.
El juez estima la petición del fiscal y amplía de seis a 18 meses el plazo máximo de la instrucción para que puedan concluirse los informes periciales arquitectónicos relacionados con la adjudicación de los contratos supuestamente amañados. En su auto, el magistrado considera que la instrucción de esta pieza separada, en la que hay 12 investigados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación, está condicionada al resultado de estas periciales, que son “múltiples y requieren el examen de abundante documentación”.
Con la declaración de causa compleja, a la que se opusieron algunos investigados, el juzgado establece el 12 de febrero de 2018 como fecha límite para concluir la instrucción en esta pieza separada.
La pieza separada E del caso Imelsa investiga, entre otras, las adjudicaciones de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia de las obras de limpieza y acondicionamiento de la fachada de la Lonja de Valencia, las Torres de Quart y dos puentes históricos. También la construcción del Centro Cultural La Rambleta.
En esta pieza, abierta por los delitos de cohecho y prevaricación, hay doce investigados, entre ellos, la ex concejala de Cultura, María José Alcón, y el ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent. Se investigan ocho contratos públicos, sospechosos de irregularidades.
