El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, ha imputado a cuatro personas más (tres ex diputados provinciales y un ex asesor) en la pieza separada del Caso Imelsa en la que se investigan contrataciones ficticias e indemnizaciones irregulares en el seno de esta empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia.
Se trata de los ex diputados del PSPV Rafael Rubio, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia en la legislatura 2003-2007 y en la Diputación, entre 2007 y 2011, y Raúl Pardos, del ex diputado del PP, Salvador Enguix, y de un ex asesor de esta formación política. Todos ellos han sido citados a declarar el próximo 7 de octubre en las diligencias abiertas por malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación.
Archivada la causa contra dos ex sindicalistas
Además, en el marco de esta misma pieza separada, el magistrado ha acordado archivar la causa contra dos exsindicalistas, padre e hijo, imputados por malversación y fraude en la contratación.
Las declaraciones de ambos, la documentación aportada y la declaración del exgerente de la empresa, Marcos Benavent, también imputado, permiten concluir, según el instructor, que no existen indicios de una “conducta malversadora”, que no existió una conducta “concertada y connivente con la dirección de Imelsa para enriquecerse personalmente” a raíz del despido del padre, Honorio Estornell, ex alcalde de Llutxent, con cargo a los recursos públicos de la empresa dependiente de Diputación.
El juez no aprecia indicios “relevantes” de delito, “más allá de que Honorio Estornell exigiese, y le fuese aceptado, un incremento no sustancial de la indemnización que le correspondía por despido improcedente a fin de no oponerse y judicializar su despido, sobre la base del cargo de delegado sindical que ostentaba en la empresa”.
Esto, señala el instructor en el auto notificado hoy a las partes, “debe enmarcarse en el desenvolvimiento, lícito, de las facultades negociadoras en el ámbito del despido laboral”. No se aprecia “concertación para la distracción finalista de caudales públicos bajo falsas apariencias”, añade.
En su resolución, el magistrado admite que el sindicalista despedido pudo, incluso, exigir la contratación de determinadas personas a cambio de dar la conformidad a su salida de la empresa. Tal conducta “podrá criticarse, desde criterios de imparcialidad y concurrencia que debe presidir la contratación de los empleados públicos”.
Precisa, no obstante, que “de lo actuado sabemos que en aquel tiempo y contexto, la contratación de trabajadores por la dirección de Imelsa no se ajustaba en la práctica y para la práctica totalidad de trabajadores a los procedimientos reglados para hacer efectivos dichos principios”.
El juez concluye que “la supuesta aceptación por la empresa de ciertas contrataciones a indicación del trabajador despedido” no es una conducta malversadora sino un “caso más de contratación discrecional” que queda fuera del objeto de investigación de esta pieza separada del Caso Imelsa.
Otros investigados
En esta pieza separada figuran como investigados por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental una veintena de personas, entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent; el ex director financiero de dicha sociedad, y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha.
Además de los contratos ficticios, el Juzgado investiga a contratados por Imelsa por las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con dicha empresa pública.
Según consta en el auto que dio origen a esta pieza separada existen sospechas de que pudiera haber existido algún tipo de “maquinación concertada” entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un “innecesario y arbitrario enriquecimiento” a costa del erario público.
En la causa está también imputado a José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa. Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.
Tanto el ex presidente de la Diputación como Vedri tienen la condición de investigados (imputados según la denominación previa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); las empresas, Engloba y el club de fútbol, figuran en el procedimiento como posibles responsables civiles a título lucrativo.
Más de 100 investigados
En el “Caso Imelsa” hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento de Valencia (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Se estructura en una pieza principal, aún secreta, y cinco separadas, una de ellas, también secreta.
