El anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de cárcel por contagiar el virus de hepatitis C a 275 pacientes operados en cuatro hospitales de València entre los años 1988 y 1998, ha sido puesto en libertad condicional tras permanecer casi 16 años en prisión, aunque podía cumplir un máximo de 20.
Maeso, enfrentado a un juicio que se prolongó algo más de un año, fue condenado en mayo de 2007 por los contagios y un mes más tarde ingresó en la prisión de Aranjuez ante un "evidente" riesgo de fuga del facultativo. Dos años más tarde, en 2009, el Tribunal Supremo ratificó la condena impuesta por la Audiencia.
El primer contagio atribuido a Maeso, según la sentencia de instancia, fue el 15 de diciembre de 1988, a una niña de cinco años, y el último el 27 de enero de 1998, a una paciente de 51 años que había sufrido una rotura de cadera y que fue intervenida en la Casa de la Salud.
El 4 de febrero de 1998 ese centro hospitalario privado le prohibió la entrada al centro al haber dado positivo en una analítica al virus y el 20 de ese mes dejó de trabajar en La Fe, donde ejercía de Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Maternal, tras una reunión con sus superiores.
En los últimos años, los letrados de Maeso han ido pidiendo la libertad condicional del facultativo y la suspensión de la condena alegando su avanzada edad, las enfermedades que padecía y el riesgo de contagio de Covid-19 en el establecimiento penitenciario. El tribunal lo ha ido denegando al no observar tales riesgos alegados. Hasta ahora.
Condenado en 2007 a 1.933 años de prisión
La Audiencia de Valencia le condenó en 2007 a 1.933 años de prisión como autor de 275 delitos de lesiones penados con 7 años de cárcel por cada uno de ellos y otros 4 de homicidio imprudente, con dos años de cárcel cada uno. Le impuso asimismo como responsable civil indemnizaciones que oscilaban entre los 49.065 euros para la viuda e hijos de un afectado, 150.000 a los herederos de cada uno de cuatro afectados fallecidos y cantidades globales de 60.000, 75.0000, 90.000 y 120.000 para determinados grupos de víctimas.
El tribunal le condenó, además, a compensar con cerca de un millón de euros a los afectados, y declaró responsable civil subsidiaria de todas las indemnizaciones a la Conselleria de Sanidad.
