La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha solicitado al Ministerio de Justicia que se adelante al próximo 29 de diciembre la entrada en funcionamiento de cuatro de los catorce juzgados aprobados por el Gobierno.
También se ha solicitado al Ministerio de Justicia que adelante los trámites para que uno de los dos nuevos juzgados de Primera Instancia de Elche se transforme en Registro Civil, dada la carga de trabajo que debe soportar el Juzgado de Primera Instancia ilicitano que es el que, actualmente, tiene las competencias en esta materia.
Otros 10 juzgados para el año 2018
Los otros 10 juzgados aprobados por el Consejo de Ministros para la Comunitat Valenciana se pondrán en funcionamiento de forma progresiva durante el año que viene, tal y como ha solicitado el propio Ministerio de Justicia.
Se trata de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Villajoyosa y el número 5 de Nules; los de Primera Instancia números 7 y 8 de Elche, el 13 de Alicante y el 5 de Benidorm.
Además, entrará en funcionamiento uno nuevo de lo Penal en Alicante (el número 9), y otro en Orihuela, que será el número 4, así como dos juzgados de lo Social y de lo Mercantil en Valencia, el 18 y el 4, respectivamente.
El real decreto del Gobierno contempla además la transformación del Juzgado de Instrucción número 5 de Torrevieja en Juzgado de Primera Instancia número 4.
La consellera ha asegurado que la situación de la planta judicial valenciana es insostenible y que la creación de 14 nuevos órganos judiciales es "manifiestamente insuficiente dada la carga de trabajo que existe".
Por ello, ha vuelto a reivindicar la creación de los otros cuatro juzgados que el Gobierno central no ha incluido en los refuerzos: el juzgado de lo Penal número 5 de Castellón, el juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrevieja, el juzgado de lo Social número 19 de Valencia y el juzgado de Primera Instancia número 6 de Gandía.
La creación de estos órganos judiciales cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial, cuya Inspección ha comprobado las necesidades de la administración de Justicia en las tres provincias valencianas, y fue elaborada de acuerdo con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
