La encomienda de más de 600.000 euros incluía actuaciones para la promoción de la Zona Franca como viajes a China. Compromís per Paterna llevó a la Fiscalía la aprobación de esta encomienda al considerar que el informe de la secretaria señalaba que algunas de esas acciones no se ajustaban al objeto social de la empresa pública y no tenía recursos para realizarlas por lo que debía de subcontratarlos, algo que, según la normativa, tenía que hacer el propio Ayuntamiento.
En concreto, en junio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia informó de la imputación de los seis concejales de Paterna y explicó en un comunicado: “la causa está abierta por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con varios contratos de la empresa municipal Gespa que, según la denuncia presentada por la Fiscalía, no se ajustan al objeto social de la misma ni han sido adjudicados por el procedimiento administrativo adecuado”. El Juzgado abrió la causa a consecuencia de una denuncia presentada por la Fiscalía tras recibir, a su vez, una denuncia del grupo municipal Compromís per Paterna.
Ahora, según recoge el auto del juzgado por el que se sobresee y se archivan las diligencias, tras escuchar a los testigos y a los imputados y analizar la documentación aportada, “ha quedado justificada la necesidad e idoneidad de que la Gespa prestara el servicio de marketing al Ayuntamiento”. Del mismo modo, señala que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno “no es contrario a ley ni injusto arbitrario, pues resulta justificada y necesaria la prestación de dicho servicio a fin de desarrollar el plan estratégico de promoción 'Plan Ciudad de Paterna Objetivo 2015', que con anterioridad había sido aprobado por el Ayuntamiento”.
Aunque este auto puede ser impugnado mediante recurso de reforma o recurso de apelación en los próximos cinco días, desde el equipo de Gobierno se han mostrado muy satisfechos por el archivo de la causa. En una rueda de prensa de la alcaldesa, Elena Martínez, rodeada de buena parte de sus concejales, la primera edil ha asegurado que el juzgado demuestra así lo que ellos han defendido siempre: que hicieron las cosas bien y de acuerdo a la ley.
Martínez ha aprovechado la comparecencia para cargar contra Compromís al que ha acusado de intentar hacer política en los juzgados y, no sólo eso, sino de haber ocasionado a los concejales del PP un daño moral irreparable por calificarlos constantemente de “imputados y corruptos”. Por ello, tanto la presidenta del PP, la concejal María Villajos, como la alcaldesa, han pedido al portavoz de Compromís que pida perdón públicamente y que dimita.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Juanma Ramón, ha asegurado respetar la decisión judicial pero ha insistido en el hecho de que no fue Compromís quien denunció sino la Fiscalía al considerar que había indicios de delito y fue la juez quien citó como imputados a los concejales del PP cuando abrió diligencias previas.
Por ello, ha dicho, ni va a dimitir, ni va a pedir perdón, más bien, al contrario, se ha mostrado orgulloso de haber cumplido con su labor de oposición poniendo en conocimiento de la Fiscalía los procedimientos administrativos que considera que no se han hecho conforme a la ley. Por otra parte, ha advertido de que, aunque la juez no vea indicios de responsabilidad penal, el PP sí tiene la responsabilidad política de destinar más de 620.000 euros a la encomienda de marketing “mientras recortaba en servicios públicos” para la ciudadanía.
