La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almàssera, Carmen Tomás, acudió el pasado sábado junto con representantes de más de 200 municipios de la Comunitat Valenciana al acto Municipios que rescatan personas presidido por el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.
La jornada sirvió para explicar las líneas principales de esta propuesta, ideada desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con la que se busca lograr el objetivo de rescatar personas, uno de los ejes del Pacte del Botànic, base principal del actual Consell, y en el que se quiere implicar también a los ayuntamientos.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, tras recordar que hace una semana firmaron los municipios el Pacto por una Financiación Justa, destacó que "hoy tenemos una razón concreta para entender la necesidad de un cambio radical" en la financiación. Se trata de "recuperar y hacer crecer nuestra presencia en los servicios que proporcionamos a la sociedad" con "cohesión y justicia".
De esta manera, lo que se pretende es una alianza firme y potente con los ayuntamientos porque solo se puede vencer la exclusión desde esa alianza. Puig incidió en que las instituciones "están al servicio de las personas que son las protagonistas" y desde éstas "debemos tratar de atender la emergencia social con la máxima celeridad posible", valorando la necesidad de la "universalidad de la atención" en este ámbito.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, destacó la necesidad de que exista una comunicación fluida entre las distintas entidades, con independencia de si son locales, autonómicas o estatales, tal y como "la ciudadanía merece", coordinando los recursos para que la sociedad tenga la sensación de que existe "una única" administración.
Oltra explicó que desde el Consell se cree en la necesidad de que esta colaboración sea una realidad, porque los servicios municipales son "fundamentales" para avanzar en las políticas que "rescatan personas", y por ello el gasto directo para los municipios se ha incrementado en 13 millones de euros en los Presupuestos de la Generalitat para 2016, de los que 1, 4 millones de euros son directamente para pobreza energética.
