El Defensor del Pueblo ha reiterado su rechazo a que la Policía Nacional continúe sancionando a las personas migrantes en situación irregular que acuden a denunciar o realizar trámites a las comisarías, como es el caso del joven de Burjassot, que acudió a dependencias policiales en diciembre de 2022 por la pérdida de pasaporte y salió sancionado y con orden de expulsión.
Ese día, el joven acudió a la comisaría junto a otra persona a formular una denuncia porque sus pasaportes se habían quemado hacía unos días en el incendio de la autocaravana donde dormían, propiedad de la empresa en la que trabajaban. Tras presentarla, les hicieron esperar mientras realizaban consultas y les citaron para dos días después en la sección de Extranjería de la misma comisaría.
El día 7 acudieron a la cita y al joven denunciante le iniciaron un procedimiento de sanción por estancia irregular; al compañero no pudieron porque aún contaba con permiso de turismo.
Su abogada presentó alegaciones en contra, pero la misma policía de Burjassot las rechazó al considerarlas improcedentes y propuso a la Delegación del Gobierno que se procediera a su expulsión. Tras hacerse la denuncia pública de su caso, la Subdelegación del Gobierno archivó la propuesta de sanción.
El Defensor abrió una investigación, que ha concluido con la comprobación de que la incoación de este expediente por parte de la Policía es "contraria" al criterio formulado por esta Institución. En su recomendación formulada en 2019 se instaba al Ministerio del Interior a "dictar las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional".
Sin embargo, desde València Acull han lamentado que ni esta recomendación ni la solicitud de que tampoco se incoen estos expedientes a quienes vayan a realizar trámites (efectuada en 2021) han sido asumidas por Interior. El Gobierno, según Acull, "sigue avalando este tipo de actuaciones policiales no solo rechazadas por el Defensor, sino también por la legislación".
Por todo ello, por el momento, si no se quiere correr el riesgo de la expulsión, ha indicado que las personas en situación irregular deben acudir al juzgado a denunciar los delitos y han de autorizar a otros u otras con NIE o DNI para gestionar sus trámites en dependencias de la Policía Nacional.
