Delegación del Gobierno aclara que no había razones fundadas para no autorizar las manifestaciones de Benimaclet

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La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha emitido este martes un comunicado en relación con las manifestaciones de ideologías opuestas que coincidieron este lunes en el barrio de Benimaclet con motivo de la festividad del 12 de octubre y que obligaron a desplegar un fuerte dispositivo policial en la zona para evitar altercados.

En el comunicado hecho público hoy, Delegación del Gobierno recuerda que “la manifestación es un derecho fundamental recogido en el artículo 21 de la Constitución Española. Este derecho viene desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio sobre derecho de reunión” para luego explicar que “esta norma que regula el núcleo esencial del derecho de reunión, ajustándolo a los preceptos constitucionales, señala en relación a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones que se exige la comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes, siguiendo de esta forma las normas recogidas en la Constitución Española.

Según dicta la Ley Orgánica, “la autoridad gubernativa notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito de comunicación,…, a fin de que éste informe en un plazo de 24 horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe en plazo, se entenderá favorable”. Además se añade que “el informe se referirá a causas  objetivas como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, este documento no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado”.

Por todo ello, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana es muy clara al asegurar que “no autoriza ni prohíbe manifestaciones sino que estas decisiones son tomadas cuando existen ‘razones fundadas’ de que puedan producirse alteraciones del orden público. En estos casos, tras el análisis de los informes motivados se podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario. En las manifestaciones del pasado lunes en el barrio valenciano de Benimaclet no existían comunicaciones contrarias a su realización puesto que las concentraciones opuestas discurrían por sitios distintos, lo suficientemente alejados entre sí y, además, se dispuso de un adecuado dispositivo policial.

En cuanto a la utilización de símbolos franquistas en una de las manifestaciones, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha asegurado que ha “solicitado un informe a la Abogacía del Estado por si estas acciones fuesen contrarias a la legislación sobre Memoria Histórica”.

El comunicado concluye anunciando que Además, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, mantendrá en breve un encuentro con la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, para analizar los hechos.

De hecho, la conselleria que dirige Pérez Garijo ha anunciado sanciones para los participantes de la concentración en la que se vulneró la ley autonómica de memoria democrática con la utilización de enseñas preconstitucionales.

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