Se abre juicio oral contra Alfonso Grau, Mari Carmen García Fuster, José Salinas y Juan Eduardo Santón -los que fueran vicealcalde, secretaria del PP, director de Fundación Turismo Valencia y responsable del CEyD, respectivamente, en la época de Rita Barberá como alcaldesa de València-, una vez concluida la instrucción de la conocida como pieza A del caso Taula, por los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos con los que supuestamente se financiaron campañas electorales del PP de 2007 y 2011.
El juez requiere en el auto una fianza a Grau de 2,2 millones de euros; a Salinas, de 1,5 millones y a Santón, de 850.000 euros, que deberán consignar en el plazo de 24 horas. En el caso de Salinas y Santón, bajo apercibimiento de embargo.
Ahora las defensas de los cuatro acusados tienen un plazo de 10 días para presentar sus escritos de defensa ante las acusaciones formuladas. En su escrito de calificaciones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba hasta 15 años de prisión para Grau, 7 para García Fuster, 5 para Santón y otros 5 para Salinas. Pero hay que tener en cuenta que en estas peticiones de pena, se incluía el delito de blanqueo que finalmente no se contempla en la causa.
La Audiencia Provincial, sin embargo, admitió los recursos de los procesados y decretó el sobreseimiento de las actuaciones para casi todos ellos, a excepción de los cuatro acusados que finalmente se sentarán en el banquillo por los delitos ya citados. Finalmente, el Supremo, por su parte, desestimó los recursos de queja contra los archivos acordados por el órgano provincial.
A Grau, el instructor le atribuía el papel de "recaudador" de dinero para el PP en las elecciones de 2007 y 2011, y a Salinas y Santón, el de cooperadores de la malversación al consentir contratos, a través de las fundaciones que dirigían, de dudosa prestación y clara onerosidad sin justificación convincente.
El delito por el que será juzgada García Fuster, por su parte, es de cohecho en las elecciones de 2011, concretamente por, supuestamente, haber percibido dinero de origen desconocido pero vinculado a cobros de empresas por servicios no prestados o realizados con sobrecoste, durante aquella campaña electoral.
