El resultado de las elecciones del pasado 23 de julio no han dejado a nadie indiferente, para bien o para mal. Depende a quien se pregunte. El caso es que en Europa, o al menos en el europeísmo, se respira con más calma tras certificar que en España no habrá un gobierno con participación de la derecha ultraconservadora.A falta de saber los posibles acuerdos, y con mayor incertidumbre si cabe tras el recuento del voto CERA y conocer que el Partido Popular está dispuesto a negociar con el partido independentista del fugado Carles Puigdemont, todo parece indicar que no veremos un pacto entre el PP y VOX como lo hemos visto en la Comunitat Valenciana. Y es que, en esta humilde opinión, los pactos entre los de Feijoó y los de Abascal han puesto en alerta tanto a votantes de la izquierda como a votantes centristas.
La simbólica desaparición de términos como la violencia de género, la retirada de símbolos LGTBI o la negación de evidencias como que el cambio climático y la rapidez con la que avanza son obra del ser humano, son algunos de los miedos que han llevado a votar a miles de personas que no quieren volver hacia atrás, sino hacia delante. La instalación del lenguaje de VOX en el PP y ver como han asumido su discurso han puesto de manifiesto como de posible es volver a épocas pasadas. Sin embargo, hay un colectivo que no ha estado en el debate público y que, en cambio, sería de los más perjudicados en caso de llegar las políticas de VOX al Gobierno de España. A las pruebas me remito y para ello solo hace falta revisar el punto 48 del acuerdo entre PP y los ultraconservadores para la Generalitat Valenciana. En este punto ambas formaciones han acordado que en el momento en que la Generalitat tenga conocimiento de la situación administrativa irregular de un migrante, se dará parte a la Policía para su expulsión. O traducido: si un médico, un profesor o cualquier otro funcionario tiene conocimiento de que una persona se encuentra en situación irregular, se los delatará ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para su expulsión de España, aún sin haber cometido delito alguno, como es por cierto el caso de cientos de miles de migrantes que llegan a nuestro país con el único objetivo de prosperar y huir de sus maltrechas realidades en sus países de origen. Aportándonos, por cierto, un gran potencial emprendedor, poblacional y de afiliaciones a la Seguridad Social. Y si no me creen, revisen las cifras de afiliaciones a la Seguridad Social y el origen nacional de las mismas.
No, no es justo lo que pretende VOX y que el PP compra con los ojos cerrados con tal de gobernar. No es justo expulsar a quien no ha cometido delito. No es justo acabar con las instituciones del arraigo (regularizarse mediante una oferta de trabajo una vez pasados tres años de la entrada en España), como quiere VOX. No es justo eliminar la vía rápida para que los sudamericanos accedan a la nacionalidad española, como quiere VOX. No es justo prohibir la entrada de por vida a una persona expulsada solo por no tener permiso de residencia, como quiere VOX.
Así que, para poner voz a los sin voz, -aunque en el PP ahora se envuelvan en banderas venezolanas y de casi cualquier país del mundo en sus actos con lo que ellos mismos denominan “los nuevos valencianos”- memoria, dignidad y análisis político.
Va por los olvidados.
[ Fran Raga | concejal del PSPV-PSOE de Massanassa | @FranRaga ]
