La cárcel de Picassent ha experimentado un notable aumento en la incautación de teléfonos móviles durante el último año, lo que ha planteado preocupaciones sobre la seguridad en los centros penitenciarios. Según los informes, se han retirado 95 dispositivos en 2022, un 40% más que el año anterior y la cifra más alta desde que se introdujeron estos objetos en el mercado.
A nivel nacional, se ha observado un incremento del 21% en las incautaciones de móviles, alcanzando un total de 2.733 terminales. Esta tendencia plantea serios riesgos para la seguridad de las cárceles, ya que estos dispositivos están prohibidos debido a su potencial para facilitar actividades delictivas, incluyendo la coordinación de bandas organizadas y la perpetuación de la violencia de género.
Además, su alta demanda entre los reclusos ha generado un mercado negro, lo que representa un desafío adicional para mantener la disciplina dentro de los establecimientos penitenciarios.
Desde Acaip y UGT, se reconoce y valora el arduo trabajo que los empleados públicos penitenciarios realizan para combatir el comercio ilícito de estos objetos. Ambos sindicatos reiteran que los teléfonos móviles son utilizados para llevar a cabo actividades delictivas y evadir los controles internos.
Foco de conflicto en prisiones
Es importante tener en cuenta que estos dispositivos son especialmente codiciados por aquellos internos cuyas comunicaciones están restringidas, como aquellos condenados por violencia doméstica, terrorismo o que pertenecen a bandas organizadas. Su presencia en una prisión se convierte en un foco de conflicto debido al control del mercado negro que se genera.
Según la formación sindical, los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos a confiscar estos objetos, aunque su pequeño tamaño y su construcción en plástico les permiten camuflarse con facilidad y evadir los detectores de metales. En consecuencia, se requiere realizar registros exhaustivos de los módulos, lo cual implica contar con personal capacitado de manera especializada.
La introducción de estos terminales en las cárceles se lleva a cabo de diversas formas, y en los últimos años se ha observado el uso de drones para introducir smartphones de mayor tamaño. Estas prácticas representan una amenaza significativa para la seguridad de los establecimientos penitenciarios, ya que la presencia de elementos prohibidos obstaculiza el funcionamiento normal de una prisión, donde se busca promover una convivencia ordenada en línea con los objetivos de reeducación y reinserción.
