El Gobierno autonómico asumirá el coste de exhumación e identificación de represaliados con la nueva Ley de Memoria Democrática

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La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha visitado los trabajos que se están realizando en la fosa 113 del cementerio de Paterna, donde se estima que yacen los restos de entre 52 y 60 personas que fueron fusiladas en dos sacas ejecutadas el 18 de enero de 1940 y el 19 de septiembre de 1941.

Allí ha explicado que la nueva ley de Memoria Democrática que se va a llevar en los próximos días a Les Corts para su debate supondrá que sea el Gobierno autonómico el que sufrague los gastos de exhumación e identificación de los represaliados que aún se encuentran en alguna de las 300 fosas que hay repartidas por toda la geografía valenciana.

En la fosa 113, la exhumación e identificación de los cuerpos empezó el pasado 22 de mayo de la mano de la Asociación Científica ArqueoAntro, con la financiación de la Diputación de Valencia y a instancias de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Franquismo de la Fosa 113, cuyo presidente, Santiago Vallés, ha agradecido el interés de la titular de Justicia del Gobierno Valenciano.

La visita de Gabriela Bravo se produce la víspera de la entrada del proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana en les Corts para su debate y aprobacion. La nueva norma pretende otorgar el reconocimiento social, el restablecimiento de la dignidad y el honor y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Además, tal y como ha recordado Bravo, la norma busca recuperar para todas las víctimas tres derechos fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la memoria. De esta forma, la ley se articula sobre estos tres derechos más el reconocimiento público y homenaje a las víctimas.

La consellera ha agradecido públicamente el trabajo “desinteresado y admirable” de las asociaciones memorialísticas como la de la Fosa 113 de Paterna y ha recordado que la nueva ley que mañana inicia su trámite parlamentario “establece que sea la administración autonómica la que asuma los costes de la exhumación e identificación de las victimas” en el territorio de la Comunitat Valenciana donde se estima que existen “en torno a las 300 fosas”.

Bravo ha insistido en que la Ley de Memoria Democrática debe servir para recuperar “la dignidad de los derechos fundamentales de los valencianos y las valencianas y de todos esos familiares que lucharon y sufrieron tanto y que demasiados años han estado en el silencio”.

En este sentido, la consellera ha recordado que la nueva norma prevé la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas. Será un organismo autónomo encargado de realizar las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley. En él se integra el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana.

Además, la consellera ha explicado que los familiares de las víctimas van a tener a su disposición la Red de Oficinas de Ayuda a las Víctimas del Delito, con 22 centros desplegados por los 35 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana como primer punto de atención para quien precise información o asesoramiento. En ese sentido, Bravo ha asegurado que los familiares van a tener “todo el respaldo institucional”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Franquismo de la Fosa 113, Santiago Vallés, ha agradecido la visita de la consellera de Justicia y ha asegurado que, además del apoyo institucional que ya ha llegado a sus reivindicaciones, les gustaría “el apoyo de toda la sociedad porque tenemos la verdad, pero nos falta la justicia y la reparación”, ha asegurado.

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