De los seis partidos que componen el pleno de la Diputació de València más el concejal no adscrito, José Enrique Aguar, todos salvo el PP parecen estar de acuerdo con el cierre de la Divalterra, pero en lo que coinciden los dos partidos de la oposición y José Enrique Aguar es en la crítica a cómo ha tomado la decisión el cuatripartito y en cómo la ha hecho pública antes, incluso, de comunicárselo a los trabajadores.
La portavoz del Partido Popular, Mari Carmen Contelles, ha asegurado que “los trabajadores no son los culpables de la presunta corrupción del PSPV y Compromís”, y ha advertido de que el cierre de Divalterra, en cualquier caso, “no eximirá de responsabilidades al equipo de gobierno que dirigía Jorge Rodríguez".
“PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra están jugando con el futuro de 700 familias con el único objetivo de tapar las actuaciones presuntamente delictivas de miembros del gobierno provincial y las vergüenzas de Ximo Puig y Mónica Oltra”, ha criticado.
Contelles ha planteado además serias dudas acerca del anuncio realizado por Amigó: “El equipo de gobierno de la Diputación no es competente para adoptar una medida de estas características. Una decisión así sólo puede tomarla la Asamblea de Divalterra”.
Contelles ha lamentado las formas del equipo de Gobierno al hacer pública esta decisión sin notificarla previamente al Comité de Empresa ni al conjunto de formaciones políticas de la corporación y ha avanzado que se reunirá con los representantes de los trabajadores para estudiar la situación y analizar posibles medidas.
“Además –ha continuado-, nos parece una temeridad absoluta plantear en este momento el cierre de Divalterra y sembrar la incertidumbre entre sus empleados, porque estamos en el periodo de máxima actividad de las brigadas en la temporada estival y con la campaña de extinción de incendios en máxima alerta por altas temperaturas”.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Valencia, Mamen Peris, ha calificado la decisión del gobierno de cerrar Divalterra de “improvisación”. “Demuestra que el gobierno no tiene proyecto provincial ya que actúa dando bandazos contradictorios y sin sentido”, ha advertido la diputada, quien también ha destacado que “mientras nadie cuestionó sus decisiones de personal, la empresa servía, ahora que hay un procedimiento judicial abierto, se cierra”.
Para la portavoz “no se entiende que mañana se haya de debatir en la Junta de patronato de Turismo la renovación de una nueva encomienda de Divalterra si quieren cerrarla”. “Este hecho denota que el gobierno no tiene rumbo, no sabe dónde va, igual quiere contratar altos directivos de una empresa que quiere echar el cierre”, ha criticado.
“Lo que más nos preocupa en estos momentos son las 700 familias que ahora ven peligrar su futuro”, ha asegurado Peris.
Por su parte, el diputado provincial y presidente estatal de Contigo, José Enrique Aguar, ha asegurado, tras el anuncio realizado del cierre de la empresa pública Divalterra: "Los hechos nos dan la razón, el anuncio es una consecuencia lógica de algo que ya debería haber ocurrido".
Aguar ha asegurado que tras los acontecimientos en torno a la detención de Jorge Rodríguez "aseguré que apoyaría a Toni Gaspar siempre que se pusiera sobre la mesa el cierre de Divalterra".
El diputado no adscrito ha pedido al Gobierno de la Diputación "que piense primero en los 700 trabajadores de Divalterra y en sus familias, para que el cierre no les afecte a ellos ni a la fantástica labor que hacen, la mayoría de ellos en nuestros montes".
El diputado de Contigo ha asegurado que jurídicamente "no será fácil el cierre si se quieren garantizar los puestos de trabajo, pero la Diputación tiene recursos suficientes para acometerlo”. Para Aguar, es “obvio que hay que poner punto a final a Divalterra”.
Podemos aplaude la medida
Por su parte, Antonio Estañ, secretario general de Podem, ha salido al paso del anuncio del cierre definitivo de Divalterra, la antigua Imelsa, asegurando que “no bastaba con cambiar de nombre a Imelsa, hacía falta cerrar el epicentro de la trama Taula”. Por ello, desde la formación morada se alegran de la decisión, “aunque llegue tarde”.
“Seguimos insistiendo en que se garantice que las diputaciones se vacíen en esta legislatura por una cuestión de transparencia y eficacia, y no sólo como reacción ante casos de corrupción a los que no se debería haber llegado nunca”, ha señalado Estañ quien ya reclamó hace unos días, tras la detención de Rodríguez, que se cerrara la empresa pública garantizando los derechos de los trabajadores.
