En cuatro convocatorias, la Diputación de Valencia ha repartido entre los ayuntamientos de la provincia más de 140 millones de euros a través del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles creado para destinar el dinero del superávit que la legislación estatal obligaba a las administraciones a dedicar o bien al pago de deuda bancaria o bien a inversiones que no generaran costes añadidos, es decir, que fueran sostenibles financieramente hablando.
El PIFS fue creado en 2015 (dotado entonces con más de 70 millones) para instrumentalizar uno de los dogmas que el nuevo gobierno cuatripartito de la Diputación quería llevar a cabo en su primera legislatura: trabajar en la defensa de la autonomía de los municipios incrementando en la medida de lo posible su autonomía financiera, según ha explicado Rodríguez, quien ha destacado además la inclusión de criterios completamente objetivos para el reparto de las ayudas, “abandonando el tradicional clientelismo” que definía las políticas de la corporación en legislaturas anteriores.
Esos criterios objetivos van desde la superficie del municipio y su número de habitantes hasta su pertenencia al Pacto de Alcaldías por el medio ambiente o la tasa de paro registrada en la localidad. Y es que, según Rodríguez, en la primera edición del PIFS se financiaron 1.581 proyectos que generaron o mantuvieron 1.200 puestos de trabajo durante un año. Además, los 70 millones de euros invertidos tuvieron un retorno de más del doble. “Datos que demuestran la efectividad del plan y que, junto a la buena acogida que tuvo por parte de los ayuntamientos, nos incentivaron a mantenerlo a lo largo de la legislatura”, ha explicado.
Por su parte, Altur ha reseñado que, de los 35 millones, 33 irán para los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, 1,5 millones se repartirán entre los cuatro grandes municipios de la provincia (Torrent, Gandia, Paterna y Sagunt) y otro medio millón irá a las 15 pedanías de la ciudad de València.
Los proyectos a financiar que, prácticamente, abarcan cualquier área de gestión municipal (alcantarillado, gestión de residuos, carreteras, seguridad, instalaciones deportivas…) deberán estar adjudicados antes del 31 de diciembre de 2018 y ejecutados a 31 de diciembre de 2019. Además, Altur ha precisados que se pueden acoger a este plan proyectos que se hayan iniciado durante los primeros seis meses de este año.
La vicepresidenta ha aprovechado la comparecencia para recordar que, con el gobierno cuatripartito, la Diputación es noticia “por cosas buenas” y ha conseguido dejar atrás la imagen de institución “manchada por la corrupción”. Amigó ha valorado el reparto objetivo de las diferentes líneas de ayuda que pone en marcha la institución provincial y ha reiterado la línea marcada al principio de legislatura: trabajar para las personas, acabando con el clientelismo y fomentando la colaboración institucional.
