La tragedia se ceba siempre de forma especial con los más débiles. La situación de aquellos que se han aventurado a jugarse la vida en las aguas del Mediterráneo para llegar a las costas de Europa, es más dramática que nunca con la actual crisis del COVID-19.
Es lo que se está produciendo en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València, donde un total de 15 internos permanecen ingresados sin que ningún país los reconozca como suyos. De hecho Argelia y Marruecos, los países de origen según los propios internos, tienen cerradas las fronteras por la crisis del coronavirus y no los reclaman. Y el tiempo máximo de estancia en las instalaciones del CIE está a punto de expirar.
Son 15 varones de entre 20 y 40 años, más de la mitad llegados a las costas valencianas en patera, y ninguno de ellos está afectado por el COVID-19. En estas circunstancias, la Policía Nacional está a la espera desde hace días de que alguna ONG se haga cargo de ellos. En circunstancias normales, el ordenamiento jurídico optaría por dejarles salir a la calle siempre y cuando no concurriera causa penal alguna, pero en el actual Estado de Alarma, lo preferible para el juzgado es que alguna organización no gubernamental se haga cargo de ellos.
Esto sólo ha sido posible para dos de los internos afectados, de los que se ha hecho cargo una ONG de fuera de la Comunitat Valenciana.
Según el ministro Grande-Marlaska, la ocupación de los CIE está actualmente en un 9% frente al 60% que presentaban antes de la crisis del coronavirus. Esto es así porque Interior está liberando durante el estado de alarma a varios de los internos por superar el máximo legal de estancia o por la imposibilidad de retornarlos a sus países de origen.
Así, se encuentran ya vacíos los CIE de Barcelona y el de Tarifa (Cádiz) y siguen otros cinco centros de este tipo operando en todo el territorio español: en Aluche (Madrid), en Las Palmas, en Tenerife, en Murcia y Zapadores, Valencia.
Las repatriaciones de personas migrantes en situación administrativa irregular en España están, según Grande-Marlaska, "suspendidas" por "una imposibilidad manifiesta" de retorno. En concreto, apuntó que los países de origen de la mayoría de estas personas tienen sus fronteras cerradas "para sus propios ciudadanos" ante la crisis del COVID-19.
