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El TSJCV se opone al traslado a Valencia de los juzgados de lo penal de Paterna y Torrent

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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha aprobado hoy por unanimidad un informe donde, entre otros asuntos, se expone su postura contraria sobre la propuesta de transformar uno de los 21 juzgados de Instrucción de Valencia en uno de lo Penal.

Según denunció CCOO, el Consejo General del Poder Judicial, con el visto bueno de la Conselleria de Justicia y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, pretendía eliminar uno o dos Juzgados de Instrucción de Valencia a fin de crear un Juzgado de Ejecutorias de lo Penal y traer a Valencia los Juzgados de lo Penal en Paterna, Torrent y Alzira.

El TSJCV, en un comunicado, afirmó como de “muy negativo” el impacto que esta medida tendría, ya que los órganos de Instrucción conocen, en este momento, de más de 38 “macrocausas” y asuntos de corrupción política de “enorme complejidad” que hace que algunos de ellos hayan tenido que ser reforzados.

En ese documento, elaborado a petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se informa favorablemente al establecimiento en la capital de la Comunitat de la sede de los juzgados de lo Penal números 15, 17 y 18, desplazados en las localidades de Alzira, Paterna y Torrent.

El informe condiciona el cambio de sede de los tres juzgados penales desplazados en la provincia a la creación, con carácter previo, de un Servicio Común de Ejecución Penal, servicio que se considera “imprescindible” para “poder llevar a efecto los traslados de los juzgados”.

A este respecto, explica que con el cambio de sede, cada uno de los cuatro juzgados penales de ejecutorias que hay en la capital (que ahora se encargan de hacer cumplir las sentencias que dictan los once penales de enjuiciamiento) recibirían también los asuntos de Alzira, Paterna y Torrent, una media de 673 causas más al año.

Para la Sala de Gobierno esta cantidad es “inasumible y llevaría a una situación de paralización de la ejecución penal” si no se crea el Servicio Común, que debería estar dotado, “desde su creación”, con una plaza de magistrado para que sean cinco los jueces de ejecutorias.

Sobre este punto “la Sala considera que hay que contar previamente con un Juzgado de lo Penal más a fin de atender debidamente la carga de trabajo”.


 
 
 

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