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Torrent cierra el ‘Caso Uniformes’ sancionando al Jefe de Policía Local y retirando competencias al edil de Seguridad Ciudadana

Tras más de 60 horas de comparecencias, 700 folios y largas negociaciones entre los distintos grupos del ayuntamiento de Torrent, la Comisión de Investigación del denominado Caso Uniformes ha emitido sus conclusiones por unanimidad.

Foto protagonistas Caso Uniformes

En el dictamen final se indica, según el comunicado emitido por el PP de Torrent, que toda la responsabilidad técnica del proceso de contratación es del Jefe de Policía Local de Torrent, Eduardo Martínez Asensi, debido al incumplimiento de la ley en la redacción del pliego, mientras que la responsabilidad política recae en el concejal de Seguridad Ciudadana José Antonio Castillejo, de quien se dice que no ha tenido mala intención “pero que ha tenido una actitud poco prudente al proseguir un proceso de adjudicación sin los permisos necesarios, y por tanto desconociendo si podía usarse la uniformidad adquirida”.

a comisión propone para el Jefe de Policía Local de Torrent el inicio de un expediente para sancionar su conducta “y que en el futuro no participe en ningún proceso de contratación del Ayuntamiento”.

El dictamen final también solicita que al concejal de Seguridad se le retirarán las competencias en materia de contratación y convenios en el área de Seguridad Ciudadana, para evitar estas situaciones en un futuro.

La comisión critica la “lentitud manifiesta y ambigua” de la Generalitat

En los Antecedentes de Hecho se tilda a la Generalitat Valenciana de “lentitud manifiesta, ambigüedad y falta de claridad y concreción” y se piden responsabilidades técnicas y políticas a los responsables de estas materias.

Estas conclusiones deberán ser elevadas al pleno del ayuntamiento para ser sometidas a votación, no obstante, ya en la comisión todos los grupos políticos han votado a favor de las conclusiones.

Para los populares, “ha quedado de manifiesto que existen responsabilidades por unas acciones muy graves que han menoscabado la integridad y la imagen del Ayuntamiento de Torrent, y esperan que se tomen medidas”.

Nacho Carratalá, edil popular que denunció el caso desde el primer momento, ha señalado que “por fin termina un asunto de enorme importancia. Este dictamen nos da la razón a los que señalábamos las múltiples irregularidades de este caso”.


 
 
 

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