El Ayuntamiento invita a Mendoza a explicar a los vecinos por qué quitó las líneas 7 y 29 de EMT

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Mislata. Autobús línea 7 EMT

La charla que el concejal de Circulación y Transportes de Valencia, Alberto Mendoza, ofrecerá en la sede del PP de Mislata sobre la necesidad del transporte público en las ciudades ha sido criticado por el Ayuntamiento de Mislata que considera el acto “una falta de respeto a los mislateros y mislateras”.

Por ese motivo, la portavoz municipal, Mª Luisa Martínez, ha ofrecido al responsable del transporte público de la capital “otra charla organizada por el Ayuntamiento en un centro público, a la que puedan asistir todos los vecinos y en la que puedan preguntarle por qué les quitó las líneas 7 y 29, levantando una frontera que acabó con más de cien años estrechando lazos de unión entre Mislata y Valencia gracias al transporte público”.

Martínez explicó que las líneas de la EMT siguen llegando a muchas poblaciones gobernadas por el PP “y que incluso hace unas semanas pusieron en marcha una nueva que llega hasta Moncada y Alfara, por la que entre los dos ayuntamientos pagarán 46.000€ anuales”.

Sin embargo, según explica la portavoz municipal, en el caso de Mislata, el Ayuntamiento de Valencia exigió más de 400.000 euros por el mantenimiento de las dos líneas de autobús que ya existían y que utilizaban a diario miles de vecinos de ambas ciudades.

Por ese motivo, el Ayuntamiento de Mislata saca por primera vez a la luz la propuesta que en su día le ofreció Valencia. El documento prueba, según Martínez, que Valencia pedía a Mislata 191.987€ por la línea 7 y 220.584€ por la línea 95, que debía sustituir a la antigua 29. En este último caso, la cantidad era variable, pudiendo llegar incluso hasta los 282.167€.

En total, casi medio millón de euros por un servicio público que los vecinos de Mislata ya pagaban al comprar sus billetes. De aquellas negociaciones, Martínez recuerda que el Ayuntamiento de Mislata llegó a ofrecerles más de la mitad de lo que exigía Valencia, “pero no era un problema económico sino una cuestión política y territorial. No querían que sus autobuses vinieran a Mislata. Y les daba igual acabar con un servicio público con 360.000 usuarios anuales”.

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