Fiscalía investiga la adjudicación de servicio de mantenimiento de las vías públicas a GESPA

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La Fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal al Ayuntamiento de Paterna por la encomienda del mantenimiento de las vías públicas a la empresa pública GESPA, por un montante de 850.000 euros, a pesar del informe desfavorable de la secretaria general del consistorio.

En su escrito, fechado el pasado 13 de enero, la Fiscalía recoge la denuncia presentada por el grupo municipal del PP en Paterna, y considera que se pone de relieve que los hechos pueden ser constitutivos de delito.

El grupo municipal del PP en Paterna denunció ante la Fiscalía que el Ayuntamiento aprobó, en el pleno celebrado el pasado 30 de noviembre, con los votos del PSPV y Compromís y en contra del resto de grupos, encargar a la empresa pública GESPA SLU el desarrollo de una encomienda para el mantenimiento de vías públicas con un coste anual de 876.659,21 euros.

El PP señala en el escrito que en fecha del 25 de noviembre la secretaria general del Ayuntamiento de Paterna emitió un informe desfavorable a la aprobación de dicha encomienda, argumentando que el informe no reunía los “requisitos acreditativos necesarios para la adopción del acuerdo en los términos que se propone”.

Según la secretaria, no constaba un análisis de los medios materiales y personales con que contaba la empresa que demostraran que podía cumplir con la parte “menos sustancial y esencial de gestión del servicio”.

Advertía además que se estaba realizando un encargo de contratación de medios materiales y personales a una empresa municipal “para evitar limitaciones de contratar personal por el ayuntamiento derivadas de la Ley de Presupuestos, limitaciones que sin embargo también se contemplan respecto de la empresa”, y que “no se justificaba el valor añadido de esta forma de prestación”.

El día de la votación en pleno de este punto, el 30 de noviembre, la secretaria general se ratificó en el informe emitido y se manifestó desfavorable a la aprobación de la encomienda, por lo que el grupo popular pidió su retirada, que fue desestimada por al mayoría del pleno y finalmente aprobada por el “interés público”.

El PP considera que la encomienda se aprobó haciendo caso omiso a la figura responsable del asesoramiento legal receptivo, y que fue una decisión “arbitraria”, pudiendo constituir además un “grave perjuicio” para los ciudadanos de Paterna.

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