Aprobado el preconcurso de acreedores de la empresa municipal Egusa

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La Junta General Extraordinaria de la empresa pública de Alboraya Egusa ha ratificado el acuerdo del Consejo de la mercantil para iniciar el preconcurso de acreedores “a la vista de su situación financiera y la imposibilidad de hacer frente a todos los vencimientos de las operaciones de endeudamiento concertadas con las entidades de crédito, habiéndose impagado algunas de las últimas cuotas de algunas operaciones”.
Según el equipo de Gobierno de Alboraya, “esta situación de insolvencia imposibilita el cumplimiento de las obligaciones de pago frente a todos sus proveedores en el ejercicio de su actividad, incluidas las entidades financieras, y ello pone en peligro la continuidad de las actividades desarrolladas”.

Para el cuatripartito, la prioridad ha sido intentar renegociar con todos los acreedores y refinanciar la deuda que permita superar la insolvencia de Egusa pero ha resultado imposible en el caso de las entidades financieras, según el Gobierno local, “por la inseguridad que ha generado el anterior alcalde y presidente de la empresa pública Manuel Álvaro firmando comfort letter o avales ilegales”.

También desde el Ayuntamiento se ha recordado que “actualmente Egusa carece de tesorería porque el Partido Popular saqueó las arcas de dicha empresa pública. Primero, con una residencia para la tercera edad que nunca se construyó y por la que Egusa pagó al Ayuntamiento como canon concesional 6 millones de euros, con una comisión de investigación al efecto para depurar responsabilidades”.

Además, el ex alcalde, según el equipo de Gobierno, pagó 2 millones de euros para hacer frente a las opciones de compra de los terrenos en el sector de Vera (huerta protegida) donde hipotéticamente iba a trasladar un centro comercial del que “no se ha puesto un ladrillo”. Por último, ha criticado que Álvaro “firmó contratos de arrendamiento que tampoco pagó por importe de 2, 3 millones de euros”.

Por todo ello, la decisión del equipo de Gobierno es ratificar las decisiones del Consejo de Administración de la empresa pública de llevar al Juzgado de lo Mercantil de Valencia el preconcurso en busca de la viabilidad de Egusa y así “preservar y salvaguardar el patrimonio municipal que el anterior alcalde popular trasladó a la empresa pública”.

Otro de los puntos que ha tratado la Junta General Extraordinaria de Egusa es devolver al Ayuntamiento el encargo de elaborar el PGOU porque actualmente Egusa carece de medios económicos, jurídicos y de personal técnico para llevar a cabo estas tareas, máxime cuando los anteriores responsables del Partido Popular encargaron trabajos relacionados con el PGOU por valor de 631.000 euros, de los cuales todavía se deben 460.000 euros.

Según han explicado fuentes municipales, si la medida no surte efecto y Egusa se ve abocada a la desaparición, el Ayuntamiento asumirá sus funciones y procurará absorber también la plantilla de la empresa pública.

El PP cree que el PGOU es la solución

El PP de Alboraya se ha mostrado contrario a la decisión de aprobar un preconcurso de acreedores pero, sobretodo, a la revocación del contrato que el Ayuntamiento había firmado con Egusa para desarrollar el nuevo Plan General de Alboraya.

Según el PP, este nuevo plan estaba prácticamente finalizado, tras más de cuatro años de procedimientos administrativos, y se ha sometido a información pública para recoger alegaciones, paso previo a su aprobación por el Pleno municipal. “Tras un año, el cuatripartito no ha finalizado el procedimiento en curso, ni ha propuesto ningún tipo de cambio o modificación sobre los documentos aprobados y presentados en Conselleria”, lamentan los populares.

Al respecto, señalan que, al margen del tiempo y el dinero que pueden darse por perdidos si se paraliza, esta cuestión es “fundamental” por dos razones. Para empezar, porque el nuevo Plan contempla la creación de una nueva zona comercial que permita el traslado de Alcampo, y solventa los problemas urbanísticos de Port Saplaya.

De esta forma se cumplen los acuerdos para el desarrollo futuro sobre la actual ubicación y además no sería necesario devolver el anticipo de beneficios de 23 millones de euros. También se abre la puerta a la enajenación de patrimonio con beneficios para el Ayuntamiento, “algo imprescindible para el futuro económico del municipio” y se generaría una nueva zona comercial y de servicios que funcionaría como motor económico creando más de 2.000 nuevos puestos de trabajo, según el PP.

Además, el nuevo plan desarrolla los sectores que permiten otorgar a la Generalitat el aprovechamiento urbanístico necesario para no tener que desembolsar la parte municipal correspondiente al enterramiento de la línea 3 a su paso por Alboraya.

“Es decir, sin el Plan General, el municipio no podrá hacer frente a sus compromisos, ni podrá acometer iniciativas privadas de ningún tipo que garanticen crecimiento económico y empleo ya que el actual planeamiento se encuentra agotado”, explican.

Respecto al apartado económico, el PP ha asegurado que el cuatripartito ha inclumpido su propio presupuesto al no destinar los recursos necesarios a la empresa pública para atender sus responsabilidades. “Llama la atención que en la anterior legislatura el Partido Popular cumpliera con sus compromisos al frente de Egusa y tras un año de gobierno cuatripartito se tenga que acudir a un preconcurso porque no saben cómo atender ni las obligaciones frente a las entidades financieras”, aseguran desde el único partido de la oposición.

En ese sentido, el PP señala que si el Ayuntamiento aprueba el nuevo PGOU y paga una pequeña parte de lo que adeuda a la empresa pública “ésta podría funcionar perfectamente sin tener que recurrir al preconcurso. Forzar esta situación, cuando no es necesaria, puede acarrear graves consecuencias tanto a la empresa pública como al propio municipio”.

El PP reclama, además, que se eliminen los sueldos y percepciones monetarias de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la empresa Egusa nombrados por el cuatripartito que, según denuncia, se han incrementado un 11%, repartiéndose más de 21.000 euros de una empresa a la que el Ayuntamiento está quitando funciones cada día.

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