La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha presidido el primer Consejo de Administración de la Autoridad de Transporte Metropolitana de València (ATMV), en el que se han abordado, entre otros temas, las actuaciones en materia presupuestaria que hay que acometer para incluir los 10 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, así como aquellas partidas que deberán aprobarse en el decreto ley autonómico.
Según ha explicado Salvador, mientras que en el caso de Madrid, Barcelona y Canarias se exige exclusivamente que los pagos efectuados sean igual a las obligaciones reconocidas sin pedir cantidad concreta para que la Administración del Estado libre su subvención, en el caso de la Comunitat Valenciana "se exige en términos absolutos la cuantía mínima de 10 millones para que la administración del Estado aporte otros 10 millones".
En este punto, la consellera ha declarado que las administraciones territoriales valencianas ya aportan más de 150 millones de euros anualmente al transporte metropolitano al financiar directamente a los operadores de servicios de transporte.
Ahora con la redacción impuesta desde el ministerio, ha explicado Salvador, "indirectamente se obliga a las administraciones territoriales de la Comunitat Valenciana a modificar la forma de sus presupuestos para que la financiación del transporte metropolitano se canalice a través de la ATMV, sin que esto se traduzca, en realidad, en un cambio de fondo de la financiación actual de las Administraciones territoriales valencianas al transporte metropolitano".
Además, ha resaltado la consellera, "esta restricción suplementaria para València exige trámites administrativos añadidos y puede ralentizar la ejecución de unos presupuestos que fueron aprobados con una distribución que ahora deberá alterarse, sin ningún beneficio real para los ciudadanos".
Asimismo, ha añadido que "la inclusión del área metropolitana de València en la financiación estatal de áreas metropolitanas puede implicar incompatibilidad para que algunos municipios de más de 50.000 habitantes sigan recibiendo financiación por la vía de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En el año 2017, por ejemplo, los Ayuntamientos de Valencia y de Paterna recibieron 6.282.321,45 euros y 39.464,08 euros respectivamente.
3,6 millones reales
En este escenario, ha continuado Salvador el transporte metropolitano de València no contará con una financiación estatal suplementaria de 10 millones de euros respecto a la existente, sino con una cantidad adicional neta de 3.678.214,47 euros, respecto a lo que ya recibían algunos ayuntamientos vía las haciendas locales".
Según la titular de transporte, "a pesar de las dificultades impuestas por la redacción de la enmienda y de los límites de las cantidades realmente disponibles, todas las partes implicadas en la ATMV han trabajado para acordar un reparto de fondos que represente los intereses de todos los usuarios del área metropolitana como son transporte urbano de autobuses, transporte interurbano e integración tarifaria".
"Este reparto de fondos se ha hecho teniendo en cuenta dos aspectos básicos a considerar en la oferta del servicio y en su adecuado dimensionamiento: el número de viajeros como indicador de la demanda real del servicio de cada modo y las plazas-kilómetro, representando la capacidad y los kilómetros recorridos, como indicador de la oferta proporcionada a los usuarios por cada uno de los modos" ha puntualizado.
En este sentido ha resaltado que el calendario es ajustado, pero entre los objetivos cabe destacar las aportaciones a las corporaciones locales adheridas a la ATMV para cofinanciar sus servicios de transporte colectivo urbano con el objetivo de incentivar a los ayuntamientos a participar en nuevos modelos de gestión y planificación de servicios de transporte y movilidad urbana.
Otros de los objetivos marcados son las mejoras de servicios adicionales y frecuencias urbanas e interurbanas que se prevén acometer en los próximos meses; la creación de nuevos servicios de información de los operadores públicos a los usuarios,y el estudio de las posibilidades de evolución de la política tarifaria y en su caso proceder a su aplicación.
