La causa por estafa por usar de aval unas parcelas ya vendidas por PEMSA continúa con Medina, Gallego y Orero como únicos investigados

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Moncada ha incoado a apertura de un procedimiento abreviado por los posibles delitos de estafa y prevaricación cometidos supuestamente por los responsables de la empresa pública de Moncada PEMSA (la estafa) y el Gobierno municipal (ambos delitos) al usar como avales de un préstamo bancario unas parcelas que habían sido vendidas a particulares varios meses antes.

Según el auto del juzgado de fecha 16 de septiembre, tras finalizar la instrucción de la causa se ha determinado sobreseer la causa contra el resto de investigados: todos los concejales que votaron en el pleno municipal a favor de utilizar el aval para solicitar el préstamo y todas las personas que formaban parte del Consejo de Administración de PEMSA.

Así, el procedimiento abreviado que comienza ahora tiene como únicos investigados al gerente de la empresa pública, José Ignacio Orero, al alcalde del municipio cuando sucedieron los hechos y presidente de PEMSA, el popular Juan José Medina, y al hasta hace unos meses, candidato y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Gallego, que entonces era vicepresidente de PEMSA y concejal de Hacienda.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2013 cuando se pidió un préstamo de cerca de dos millones de euros a una entidad bancaria usando como aval unas parcelas que habían sido de propiedad municipal y que estaban ubicadas en el polígono industrial Moncada III. Pero seis de esas parcelas fueron objeto de otros tantos contratos de compraventa suscritos entre 2010 y 2011 y de los que Orero informó tanto a Medina como a Gallego, por lo tanto, y según el auto, ambos eran conocedores de que esas parcelas se habían vendido cuando votaron a favor de solicitar el aval en el pleno.

No así el resto de concejales entre los que se incluye el actual edil municipal, portavoz de Ciudadanos y diputado provincial, Jesús Gimeno.

Según las diligencias practicadas, los hechos podrían constituir un delito de estafa del que podrían ser responsables la mercantil PEMSA, Orero, Medina y Gallego y, también, un delito de prevaricación del que serían responsables los dos cargos públicos en aquel momento: el alcalde y el concejal de Hacienda.

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