Las 56 localidades que componen la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) se ahorrarán a partir de ahora 950.000 euros anuales tras la decisión de poner fin al canon millonario anual que los 56 municipios pagaban desde el año 2006 a Manises y Picassent por albergar las plantas potabilizadoras de agua.
Valencia pagaba 478.000 euros; Torrent, 49.500,...
El municipio que más dinero se veía obligado a sacar de sus cuentas es València, que hasta ahora entregaba 478.000 euros al año. Otros casos sonoros son Torrent (49.500 euros), Paterna (42.200 euros) o Mislata (26.300 euros). Aunque no hay ninguno que escapara al canon: Alaquàs (18.000 euros), Burjassot (23.000 euros), Albal (10.000 euros), Catarroja (17.000 euros), son algunos ejemplos.
La batalla por el canon millonario se remonta al año 2006, cuando Enrique Crespo lo impulsó con el pretexto de compensar a Manises y Picassent por unas supuestas externalidades negativas de las plantas potabilizadoras que, a día de hoy, no se han podido demostrar.
De hecho, la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Aeas) aseguró en su momento al respecto por escrito que "no se ha conocido ningún caso en el que se esté aplicando algún tipo de mecanismo compensatorio por la ubicación de plantas o instalaciones de tratamiento de aguas potables en un determinado municipio".
Además, un informe que realizó el académico Francesc Hernández, catedrático de Economía Aplicada y director del grupo de investigación de Economía del Agua de la Universitat de València (UV), concluye que "no existe constatación de que los procesos de potabilización hayan provocado efectos o externalidades negativas sobre el entorno social o ambiental que pudiesen dar lugar a mecanismos de internalización o compensación por posibles daños derivados de la actividad".
El pago anual funcionó hasta 2011, cuando la asamblea del ente metropolitano, presidida entonces por Arturo Ros –compañero de Crespo en el Partido Popular- instó a su eliminación, bajo el argumento de que se había instaurado por “un criterio de oportunidad”.
Los ayuntamientos de Manises y Picassent empezaron entonces una batalla legal para recuperar el subsidio. Los tribunales tumbaron el procedimiento por el cual se suspendió el abono y la EMSHI acató la sentencia, pero ha continuado buscando el mecanismo para acabar con la partida millonaria.
La presidenta del EMSHI ha explicado que, con esta decisión, “acabamos por fin con un cobro escandaloso que estableció Crespo, que actualmente cumple condena en la cárcel, para beneficiar las cuentas de Manises cuando él estaba al frente de ese ayuntamiento y de la EMSHI al mismo tiempo”.
La dirigente socialista celebra que “se ponga punto y final a una situación absolutamente insolidaria con los municipios del ente metropolitano” y ha recordado que “la tarea de quien ostenta la presidencia es velar por el interés general de la entidad y no por el beneficio propio, como ocurrió con Crespo, condenado posteriormente por corrupción”.
Para Valía, “mantener ese pago es dar continuidad a las corruptelas del Partido Popular y avalar una decisión egoísta e injusta para las cuentas municipales de los ayuntamientos”. “Como presidenta, no sólo tengo el deseo, sino también la obligación de buscar el bien común de las localidades que forman la EMSHI, cuyas arcas no van a verse mermadas a partir de este ejercicio por este canon que ya es historia”.
