Poco han importado las advertencias “apocalípticas” de los concejales de Compromís y PSOE, partidos que forman el Gobierno bipartito de Godella, sobre las nefastas consecuencias que tendría para el pueblo no aprobar la modificación del Plan General que empezaron a elaborar hace cinco años. La oposición ha rechazado de nuevo a una modificación que incrementa el número de nuevas viviendas previstas para compensar a los propietarios a los que se tendría que haber expropiado (y pagado), según el Plan General vigente.
Un Plan General con 30 años de vigencia que se aprobó por unanimidad en 1990 y que contemplaba expropiaciones de terrenos para diversas actuaciones, algunas de las cuales aún no se han llevado a cabo. El Ayuntamiento dispone de moratorias que le han permitido trabajar durante los últimos cinco años en una modificación del plan general con la que tratar de compensar a los propietarios sin tener que desembolsar pagos millonarios, entre 10 y 30 millones, según las estimaciones del Consistorio.
Así, la modificación supone ampliar el número de nuevas viviendas previstas en más de 430, una medida que no ha gustado a asociaciones ecologistas ni tampoco a Unidas Podemos, que, a pesar de haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad en el mes de junio que permitió darle el Gobierno a la coalición Compromís-PSOE, ayer votó en contra de esta propuesta en el pleno.
Así, con los votos en contra de PP, Ciudadanos (ambos alegando la falta de consenso y la premura en los trámites) y Unidas Podemos, el Gobierno municipal no ha podido sacar adelante el sometimiento a participación pública y consultas de la versión preliminar de la modificación del Plan General. Este resultado es especialmente trascendente porque, después de cinco años de trámites, el documento que sostiene esta propuesta caduca en febrero de 2020 y ya no hay tiempo para poder aprobarlo.
En la práctica, esto significa que el Plan General actual seguirá vigente y que, si no se conceden más moratorias a las expropiaciones que prevé (algo poco probable, según el concejal de Urbanismo, Carles Durán), el Ayuntamiento se verá obligado a pagar expropiaciones “millonarias”.
Por otro lado, se abre la puerta a la posibilidad de iniciar los trámites para contar con un nuevo Plan General que reordene el urbanismo de Godella para las próximas décadas y se ajuste mejor a la época actual. Sin embargo, el edil socialista Fernando Oliveros, advirtió ayer en el pleno, ante la insistencia de Unidas Podemos sobre esta cuestión, que no hay presupuesto para pagar los costes que la elaboración de un nuevo Plan General conlleva.
Así pues, el Ayuntamiento se enfrente a una situación complicada pues, según advirtió Durán, las expropiaciones a las que se vería obligado suponen un coste “millonario que este pueblo no puede asumir”. A partir de ahí, relató una serie de consecuencias catastróficas de las que quiso hacer responsable a los partidos de la oposición por su voto en contra: recorte de la plantilla municipal, disminución de los presupuestos de servicios sociales y planes de empleo, imposibilidad de sostener empresas públicas e imposibilidad de mantener servicios impropios como “deportes, el conservatorio o la EPA”.
A todo ello sumó un incremento de la carga impositiva para los vecinos y auguró que los mayores damnificados por esta situación serían los vecinos más necesitados mientras acusaba a los concejales de la oposición de anteponer “las vistas desde su ventana” al bienestar de los godellenses.
Al respecto, la oposición insistió en que el Gobierno municipal no puede cargar la responsabilidad de sus gestiones en los vecinos que no son culpables de la situación urbanística y económica a la que se enfrenta el Ayuntamiento y esgrimieron que esta modificación “es solo un parche que nos llevará a una ruina mayor”, en palabras de la concejala de Unidas Podemos, Irene Ferré.
